La Sindicatura de Comptes ha recomendado a la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad que “haga visitas a las entidades concertadas -de servicios sociales- sin previo aviso, al objeto de comprobar si es real lo que declaran, en cuanto a las condiciones que deben reunir y las obligaciones que deben cumplir los centros, personal y servicios”.
Esta recomendación se incluye en el informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad de la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por parte entidades de iniciativa social, correspondiente al ejercicio de 2023.
En el referido informe la Sindicatura ha detectado que se incumple la normativa aplicable que dispone que debe existir el registro de entidades, centros y servicios sociales, por lo cual los conciertos de servicios sociales suscritos y una vez formalizados “no son anotados de oficio por el órgano competente de la Conselleria“.
También que en varios expedientes, en el acuerdo de acción concertada, “no se refleja de forma expresa la obligación de la entidad de presentar un informe de auditoría externa de sus cuentas, en el que conste la aplicación de la financiación recibida, de modo que en los expedientes no constan los citados informes de auditoría”.
“En uno de los expedientes analizados se ha comprobado que, en los años 2022 y 2023, los ingresos superan a los gastos anuales, en sendas cifras de 41.599 euros y 30.664 euros, sin que haya constancia de que se haya reclamado ni cobrado el exceso de financiación”, añade el citado informe.
Por ello, en el apartado de recomendaciones, se indica que la Conselleria “debe valorar el establecimiento del pago delegado al personal profesional y de atención directa de los centros y servicios concertados”.
También aboga por comprobar la veracidad de las acreditaciones de méritos de los solicitantes y limitar la justificación mediante declaraciones responsables.
“Sería conveniente que la Conselleria hiciera, sin intermediación de las entidades concertadas, encuestas de satisfacción a los usuarios, y también que se justificara de modo concreto, con cifras y áreas geográficas, la necesidad de recurrir a la acción concertada”, añade la Sindicatura.
