El número de teléfonos móviles intervenidos en la prisión de Picassent, en Valencia, en los últimos siete años, desde 2018 a 2024, asciende a 653, según ha informado Acaip-UGT.
Desde el sindicato han recordado en un comunicado que los móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, «facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles».
Esta prohibición no solo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y reinserción social.
Entre 2018 y 2024 se han incautado un total de 653 terminales en el centro penitenciario de Valencia.
En los centros dependientes de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias el número asciende a 12.882. Solo en 2024, se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales 72 fueron requisados en la prisión de Picassent.
Desde Acaip-UGT han puesto en valor el «esfuerzo y compromiso» de los empleados públicos penitenciarios que, «a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando».
Muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad.
«El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia», han apuntado.
Desde Acaip-UGT han indicado que los funcionarios deben hacer frente a esta realidad «con medios claramente insuficientes».
«Los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados. Esto obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros», han dicho.
Además, han surgido nuevos métodos de introducción «que suponen una grave amenaza para la seguridad: los drones». Su capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión «convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros», han apuntado.
Frente a este panorama, desde el sindicato consideran «urgente» una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad. «Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones. Es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas».
«Desde Acaip-UGT reclamamos una respuesta firme, moderna y eficaz para hacer frente a esta amenaza constante. La seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios. Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica», han incidido.
