El Equipo de Gobierno de Amparo Folgado manifiesta su “profunda disconformidad” con la resolución adoptada por el anterior Consell días antes del cambio de poder en la administración autonómica, y por la cual se revocan las competencias del Ayuntamiento en la construcción del Palau de Justicia. Desde el Ayuntamiento torrentino se tacha de “inexplicable” y “vengativa” la decisión de no dejar que el Consell electo estudiara el caso y adoptara la solución correspondiente.
El consistorio recibió el pasado viernes un requerimiento firmado a fecha de 26 de junio por la ya exconsellera Gabriela Bravo, y rubricado por la exvicepresidenta Aitana Mas tres días después, en el que se notifica la anulación del convenio firmado en el año 2018 aludiendo a un sobrecoste de 16’8 millones en el proyecto, causado por la subida del coste de los materiales y a las modificaciones realizadas por el Consell a posteriori, pasando de costar 17,7 millones a 32,9 millones. Igualmente, el escrito concluye que el porcentaje de actuaciones realizadas en base al acuerdo establecido era “insuficiente”.
Al respecto, el máximo responsable del área de Urbanismo, José Gozalvo, remarca que “es inexplicable que se tomara una decisión tan importante en los últimos días de la legislatura, sin dejar que el nuevo Consell elegido por todos los valencianos y valencianas estudiara la propuesta y adoptara la solución pertinente. Contradice toda lógica democrática”.
El edil también destaca que “el Ayuntamiento de Torrent ha invertido muchas horas de trabajo para que este proyecto salga adelante, además de una gran cantidad de dinero, en cuestiones como la redacción del proyecto o la urbanización del terreno donde se iba a ubicar el Palau de Justicia, que no tenemos intención de dar por perdido en nombre de Torrent y todas las personas que viven en nuestra gran ciudad”.
