El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado varios recursos de la Generalitat contra la delegación de competencias en ayuntamientos para ejecutar obras de mantenimiento y reforma en centros educativos dentro del Plan Edificant. Las sentencias afectan a municipios como Burjassot, Mislata, Senyera o Casinos, entre otros.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que esas delegaciones sí podían aprobarse por un Consell en funciones. Según el tribunal, se trataba de un asunto incluido en el «despacho ordinario de asuntos públicos» y no de una decisión política extraordinaria.
La Generalitat intentó en mayo de 2024 declarar lesiva la cesión de competencias en materia de infraestructuras educativas acordada en julio de 2023 por la Conselleria de Educación, entonces dirigida por el anterior Gobierno valenciano en funciones. Después, la Administración autonómica acudió al TSJCV para pedir la anulabilidad de esos actos administrativos.
El Consell defendía que la Conselleria de Educación no podía adoptar esas delegaciones durante un periodo en funciones. La Abogacía de la Generalitat también alegó que las actuaciones suponían compromisos de gasto anuales y plurianuales cercanos a los 52 millones de euros, con impacto en la legislatura entrante e incluso en ejercicios posteriores.
El tribunal descarta una decisión extraordinaria
Sin embargo, el TSJCV ha rechazado esos argumentos. La Sala sostiene que las delegaciones no desbordan «los límites del despacho ordinario de los recursos públicos» y recuerda que el Plan Edificant funciona desde 2017 como instrumento para ejecutar actuaciones en infraestructuras educativas.
El tribunal subraya que este tipo de cesiones «no puede tenerse por inusual o extraordinaria». Para ello, cita un informe de diciembre de 2024 de la entonces jefa del Servicio de Coordinación de Infraestructuras y Gestión del Programa Edificant. Según ese documento, la Generalitat ha aprobado desde 2017 un total de 835 delegaciones, de las que solo 15 se produjeron durante el periodo en el que el Consell permaneció en funciones.
En una de las sentencias, relativa al Ayuntamiento de Burjassot, la Sala añade que la delegación «no entraña la incorporación de nuevas directrices de ordenación política». Los magistrados consideran que su alcance es «puramente singular y se agota en la ejecución del acto», por lo que no puede entenderse como una directriz de futuro.
La resolución también precisa que el hecho de que Edificant ejecute la política de infraestructuras educativas de la Generalitat no implica la introducción de nuevas líneas políticas. A juicio de los magistrados, las delegaciones cuestionadas suponen «solo -y a lo sumo- ejecución de las ya presentes».
Burjassot y Mislata celebran la resolución
Tras conocer la sentencia, el alcalde de Burjassot, Rafa García, ha defendido la actuación municipal y ha asegurado que «el Ayuntamiento de Burjassot no podía aceptar bajo ningún concepto que nuestras y nuestros pequeños se vieran ninguneados por una Conselleria o una Generalitat que lo que quería era no hacer las mejoras en los Centros Educativos».
García ha añadido que «Edificant lleva en marcha desde el año 2017» y ha considerado que aceptar la delegación de competencias, aunque fuera en periodo de transición, formaba parte de la «suficiente normalidad» y de un «acto ordinario» para seguir trabajando por la comunidad educativa.
Por su parte, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha señalado en sus redes sociales que el consistorio seguirá «defendiendo la educación pública y los intereses de la ciudad de Mislata».
Las sentencias del TSJCV pueden ser recurridas en casación. Además, la Sala condena a la Generalitat al pago de las costas procesales.
