El Ayuntamiento de València estudiará presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre la suspensión de licencias para nuevas viviendas turísticas.
El equipo de gobierno que preside María José Catalá sostiene que el fallo «avala» el acuerdo plenario recurrido y que la discrepancia planteada por el tribunal es «técnica» y no afecta al fondo de la decisión municipal.
Según defiende el ejecutivo local, sus servicios jurídicos analizarán ahora la interposición del recurso con el objetivo de mantener la validez íntegra de los acuerdos aprobados por el pleno y reforzar el marco urbanístico con el que el consistorio quiere regular la implantación de usos turísticos en la ciudad.
Alcance de la sentencia
Desde el equipo de gobierno sostienen que la resolución judicial confirma que la suspensión de licencias para nuevos usos hoteleros y turísticos era necesaria, proporcionada y basada en razones de interés general. En esa línea, defienden que la medida buscaba proteger el entorno urbano y el acceso a una vivienda digna frente al crecimiento de las VUT en València.
No obstante, remarcan que la matización introducida por el tribunal se centra, a su juicio, en una cuestión estrictamente técnico-jurídica: la interpretación de si la redacción del artículo 68.1 del TRLOTUP, vigente en mayo de 2024, permitía de forma expresa suspender también las licencias de cambio de uso y la eficacia de las declaraciones responsables.
El Ayuntamiento mantiene que esa interpretación era correcta y subraya que las licencias de edificación incluyen también los cambios de uso, una lectura que, según argumenta, comparte la legislación urbanística estatal.
El papel del Decreto-Ley 7/2024
El ejecutivo municipal añade además que el Decreto-Ley 7/2024 del Consell, aprobado después del acuerdo plenario, clarificó y amplió ese artículo para recoger de manera expresa la potestad de la administración promotora de suspender la tramitación y concesión de licencias por cambios de uso y otros títulos habilitantes distintos de la licencia, como las declaraciones responsables.
A juicio del gobierno local, esa modificación normativa refuerza la posición municipal y confirma que el Ayuntamiento actuó con la diligencia necesaria para proteger los barrios residenciales y ordenar el crecimiento de las viviendas turísticas en la ciudad.
Con este movimiento, el consistorio abre la puerta a una nueva batalla judicial en torno a una de las cuestiones urbanísticas y residenciales más sensibles de València: el equilibrio entre la actividad turística y el acceso a la vivienda en los barrios.
