El Ayuntamiento de València reforzará de urgencia los servicios de Registro y Padrón y de Servicios Sociales Municipales con nuevas incorporaciones para atender tanto la gestión ordinaria de la ciudadanía como el aumento de trabajo derivado del proceso extraordinario de regularización de migrantes.
La alcaldesa, María José Catalá, ha anunciado que el consistorio prevé contratar de forma inmediata a 10 trabajadores sociales y 29 auxiliares administrativos, una primera medida con la que busca evitar que la atención habitual a los vecinos se vea afectada por la acumulación de trámites y solicitudes.
La previsión municipal es que estas incorporaciones puedan empezar este mismo viernes, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local.
Más de un millón de euros al año
El Ayuntamiento calcula que este refuerzo superará el millón de euros anual, un coste que, según ha avanzado la alcaldesa, reclamará al Gobierno de España. Catalá ha defendido que si una decisión estatal genera una sobrecarga en los servicios municipales, debe ir acompañada de la financiación necesaria para sostenerla.
Además, ha subrayado que el objetivo es que el ciudadano no se vea perjudicado por la falta de planificación y por el colapso administrativo que, a juicio del consistorio, está provocando este proceso.
Refuerzo previsto durante al menos un año
La alcaldesa ha advertido de que no se trata de una situación puntual ni de un procedimiento que vaya a resolverse en pocos meses. Por ello, el Ayuntamiento parte de la base de que las personas que se incorporen a estos servicios permanecerán en la administración local durante al menos un año.
Desde el gobierno municipal también se ha trasladado la preocupación por la situación de los trabajadores sociales, al entender que afrontan actualmente un escenario de incertidumbre y presión administrativa por la falta de directrices claras.
Carta al Gobierno con tres exigencias
El consistorio enviará una carta al Ejecutivo central para solicitar tres aclaraciones concretas sobre el proceso. En primer lugar, quiere saber si es necesaria o no la acreditación de vulnerabilidad. En segundo término, si corresponde a los ayuntamientos emitir esa acreditación. Y, en caso de que así sea, cuál es el marco de criterios para valorar y determinar esa situación.
Junto a ello, el Ayuntamiento también pedirá al Gobierno que concrete si va a aportar recursos y financiación para hacer frente a esta labor extraordinaria desde los servicios sociales municipales.
Atención centralizada en dependencias municipales
El Ayuntamiento ha optado por centralizar este procedimiento en la oficina de padrón de la Casa Consistorial, con el fin de que las personas sean atendidas con el apoyo de técnicos municipales, servicios sociales, asesoramiento jurídico y el resto del personal especializado de la administración local.
Con este refuerzo, València busca mantener el funcionamiento ordinario de sus servicios públicos al tiempo que afronta el incremento de demanda derivado de la regularización.
