El Gobierno ha puesto en marcha los trámites para derogar las ‘Golden Visa inmobiliarias’, una medida que desde que se impulsó en 2013 por el Ejecutivo del PP hasta 2023 ha registrado más de 14.576 permisos, sobre todo en los últimos dos años cuando se han duplicado estas concesiones y la inversión extranjera.
Así lo ha dado a conocer la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha explicado que el Ejecutivo ya ha dado “el primer paso” para “ofrecer una respuesta excepcional, en lugares concretos, a un problema excepcional”.
“La eliminación de las ‘Golden Visa inmobiliarias’ sirve para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas para acceder a una vivienda en lugares concretos y con tensión de precios y falta de oferta residencial. Hoy esta modificación es una buena noticia para todos ellos y ellas”, ha expuesto la ministra.
Y es que, según ha explicado Rodríguez, la compra de viviendas por extranjeros ha aumentado “considerablemente” en los últimos trimestres del año 2023, y además, se ha registrado otro incremento “exponencial” de los “visados dorados”, lo que ha provocado que se encendieran “todas las alarmas” de esta “especulación”.
De hecho, en 2016 fueron 461 los visados concedidos por inversiones inmobiliarias, en 2017, 947; en 2018, alrededor de 998; en 2019, 861 visados; en 2020, bajaron a 632, y en 2021, volvieron a ascender a 997. En 2022, se registraron 2.017 visados; en 2023 se incrementaron a 3.273; y en febrero de 2024, 424 visados.
Las principales provincias de inversión en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y València, concentrando el 90% de las autorizaciones en estos 6 lugares de territorio nacional. Las nacionalidades como China, Rusia, Reino Unido, EEUU, Ucrania, Irán, Venezuela y México, son los principales solicitantes.
Además, en ciudades de relevancia como Marbella o Barcelona las adquisiciones de viviendas ligadas a inversiones previstas en la Ley 14/2013 han llegado a representar hasta el 7,1% (Marbella) y el 5,3% (Barcelona), del total de las compraventas de vivienda en un mismo año.
Modificación legislativa
Así pues, tras el estudio de estos datos, el Gobierno ha considerado “necesario” poner “todos los instrumentos del Estado para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible” y “modificar la Ley, aprobada en el 2013 por el Partido Popular, que permite obtener el visado de residencia si se invierte en este país, comprando vivienda por encima de 500.000 euros”.
En este sentido, Rodriguez ha explicado que en los últimos meses el ministerio de Vivienda ha trabajado con “rigor” y “seguridad jurídica” junto al Ministerio de Economía y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para impulsar esta medida, que “se avala con datos” y que no es solo iniciativa del Gobierno, sino que la Comisión Europea ya instó en 2022 a los Estos miembros a derogar “inmediatamente” cualquier sistema de ciudadanía para inversores existente y que “países como Irlanda o Portugal ya han eliminado dichos visados y otros están endureciendo los requisitos para obtenerlos”.
Priorizar la vivienda como derecho y no como especulación
Por otro lado, la titular de Vivienda ha señalado que con esta medida “se da respuesta para que aquellas ciudades donde las personas estén buscando una vivienda se sientan aliviadas porque su Gobierno está ofreciendo una respuesta dejando de diferenciar entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.
“Priorizamos la vivienda como un derecho y no como especulación, ya que hoy, 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y, justamente, se produce en ciudades donde el mercado de la vivienda se encuentra altamente tensionado” ha indicado la ministra.
Por todo ello, “para acabar con la especulación de viviendas en diferentes lugares de nuestro país, he informado al Gobierno de la necesidad de modificar la Ley 14/2013 que permita eliminar los beneficios que actualmente se contemplan en el ámbito residencial y dirigir esa inversión de forma más cualitativa, y especialmente vinculada con la promoción de vivienda asequible y con la rehabilitación de viviendas para dedicarla a vivienda asequible o social”, ha concluido la ministra.
