El pleno del Ayuntamiento de València ha rechazado, con los votos en contra de la oposición. También de Vox, socio del PP, la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones.
La iniciativa, que la semana pasada sí había superado la Comisión de Patrimonio, se votaba para su refrendo definitivo. Estaba llamada a arrancar el 1 de diciembre con una implantación progresiva.
La decisión deja en el aire el calendario y tensiona la relación entre los socios de gobierno.
Fractura en el gobierno local
La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha exigido a María José Catalá que cese al concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell. También le ha pedido que rompa con Vox ante el fracaso de la aplicación de la ZBE prevista para diciembre.
«Pactar con negacionistas le ha salido muy caro a València por culpa de María José Catalá. El ridículo de su gobierno no solo perjudica la imagen de la ciudad, sino también la salud de todos los valencianos y valencianas. Además de las arcas del Ayuntamiento», ha afirmado.
Según Robles, el rechazo plenario supondrá una pérdida de 115 millones de euros porque València se queda sin los fondos Next Generation. También traerá una sanción prevista por Europa y hará que se pierdan las ayudas al transporte vinculadas a tener la ZBE.
Compromís ha situado a Carbonell en el centro de las responsabilidades políticas y ha pedido su cese.
En términos similares, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha denunciado que «la incapacidad del gobierno de Catalá está a punto de costarle a la ciudad 115 millones de euros«.
«Vox le ha retirado su apoyo. A pesar de que el Partido Socialista ha intentado negociar una ZBE que incluyera propuestas de verdad contra la contaminación, estos se han negado en redondo», ha señalado. Sanjuan ha reclamado también la dimisión o el cese de Carbonell.
Vox defiende su no y carga contra Bruselas
El portavoz de Vox, José Gosálbez, ha explicado que «han votado en contra porque se trata de una imposición derivada de las políticas climáticas impulsadas desde Bruselas y el Gobierno de Pedro Sánchez«.
«Las Zonas de Bajas Emisiones no son una casualidad. Son consecuencia directa de las políticas que ha promovido Bruselas y el Congreso de los Diputados. Siempre con el voto en contra de Vox«, ha añadido.
Gosálbez ha incidido además en que la Unión Europea no obliga a crear ZBE, sino únicamente a cumplir determinados valores de calidad del aire. Según él, ha sido el Ejecutivo de Sánchez el que ha impuesto su obligatoriedad por ley. Con ese argumento, su grupo ha roto la dinámica del gobierno municipal y ha frustrado la aprobación de la ordenanza en el pleno.
Fases
La ordenanza rechazada iba a desplegarse por fases. Los vecinos que viven en la ciudad podrían seguir circulando por la ZBE hasta 2028. A quienes no hubieran podido cambiar de coche se les facilitaría un título de la EMT para usar el transporte urbano gratuito todo el año. Además, dispondrían de 48 días para poder circular por esa zona.
Estaba previsto que la norma entrara en vigor el 1 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre de 2026, solo afectaría a los vehículos matriculados fuera de la provincia de Valencia con etiqueta A, es decir, los de gasolina anteriores a 2001 y los diésel anteriores a 2006.
A partir de enero de 2027, la limitación sería para cualquier vehículo sin etiqueta de fuera de la ciudad. Desde el 1 de enero de 2028 afectaría también a los vehículos de los vecinos de València. Con el rechazo en pleno, ese esquema de transición queda en suspenso a la espera de que el gobierno municipal recupere apoyos o presente una alternativa.
