La ONU ha instado al Gobierno de España a que “tome las medidas necesarias” para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden “invisivilizar” las “graves violaciones de los Derechos Humanos” cometidas durante el “régimen dictatorial franquista”.
Así lo han expresado tres relatores de Naciones Unidas en un informe en el que han dado respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas “leyes de concordia” que han sido tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición. El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son “contrarias” a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.
“Las llamadas leyes de ‘concordia’ aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos”, se lee en el documento de la ONU.
Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas comunidades autónomas, los tres relatores han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte “todas las medidas necesarias” para garantizar “el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórico de “las graves violaciones de derechos humanos”.
Según explican, estas leyes “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica” y pueden “acarrear límites al acceso a la verdad” sobre el destino o paradero de “las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos” y también pueden “invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen”.
También apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil “a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España”, quitándole así el reconocimiento a “las centenas de miles” de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.
Por este motivo, han recordado que es deber de “todos los poderes del Estado”, incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de “todas las entidades de Gobierno” a nivel nacional, regional o local, “cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos”.
“Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación”, esgrime el informe.
Los firmantes del documentos son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
El ministro de Memoria Democrática llama a negociar a los tres gobiernos autonómicos antes de acudir al Constitucional
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha indicado en un comunicado, que la respuesta de la ONU conocida hoy, un mes después de la petición elevada por el Gobierno de España, supone “un respaldo irrefutable a la postura del Gobierno en la defensa de la Memoria Democrática y los derechos humanos”, ante la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón y las llamadas Leyes de “concordia” en Castilla y León y Comunitat Valenciana.
El ministro considera que esos gobiernos autonómicos deben sentarse a negociar los textos legislativos por la conclusión de los relatores que ha sido “de forma contundente”. En el caso de Aragón, ha explicado que, teniendo en cuenta que la ley ya está aprobada en las Cortes de Aragón, “a comienzos de la próxima semana comunicaremos oficialmente la interposición del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, lo que conllevaría el inicio de la negociación bilateral, “si así lo acepta el Gobierno de Aragón”, que sería el paso previo al recurso ante el Constitucional.
Torres ha hecho un repaso del contenido de la comunicación conocida “unánime, demoledora y tajante”. Sobre la proposición de Ley de la Comunitat Valenciana, el ministro ha destacado que la comunicación de la ONU considera que se desvirtúa el objeto de las leyes de memoria anteriores (estatal y autonómica) porque hace referencia también a las víctimas de la II República. Y ponen el acento en que se disuelven todas las comisiones y organismos que se crearon con la ley anterior y prevé la supresión de los procesos ya iniciados de memoria.
Ha remarcado que, respecto a Aragón, la ONU detecta que no hay referencia explícita a la violación de derechos humanos, ni condena expresamente el régimen y su carácter dictatorial. Señalan, además, que el texto no se refiere a las violaciones de derechos humanos en el franquismo como en la ley anterior, sino a las “atrocidades cometidas por un bando en la guerra civil”, mientras que sí cita la violencia política ejercida durante la II República. Para el ministro “es un hecho que destacan, porque no se puede comparar 40 años de dictadura con un periodo democrático”.
En cuanto a Castilla y León, los relatores destacan la supresión de la palabra “dictadura” para referirse al periodo histórico del franquismo. Y añaden que se invisibiliza la violación de los derechos humanos, al negarse a nombrar y condenar el régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad.
