El Ayuntamiento de València regulará los apartamentos turísticos a través de dos vías: una regulación restrictiva por medio del planeamiento urbanístico vía el Plan General y una “incesante” labor de inspección para detectar las actividades ilegales.
Así lo ha acordado el pleno municipal tras salir adelante la moción alternativa del gobierno municipal, con los votos de PP y Vox, en contraposición a la presentada por Compromís en la que solicitaba la regulación de los pisos turísticos a través de la redacción de una ordenanza, entre otras medidas.
Este acuerdo también contempla que se continúe con los estudios y trabajos para la regulación del uso de apartamentos turísticos con seguridad jurídica y una normativa bien definida que «dote a las comunidades de vecinos de instrumentos para evitar que se produzcan molestias debido a la instalación incontrolada de apartamentos turísticos en los edificios».
A ello se unirá otra medida en la que el Ayuntamiento “definirá los canales de comunicación directa para la recepción de denuncias por molestias y la correspondiente y ágil inspección de estas por los técnicos municipales”. Dentro de esta línea de actuación, ha recordado que ya existe en la legislación en vigor la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan impedir que haya apartamentos turísticos en su propiedad con una votación de 3/5.
Inspecciones en cuatro distritos
Del mismo modo, el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha avanzado que el gobierno municipal ya está llevando a cabo un un «ambicioso» plan de inspecciones de viviendas turísticas en la ciudad a través de la Policía Local de proximidad.
«Este mismo lunes cuatro equipos de inspección están trabajando en la Zaidia, el viernes estuvieron en Ciutat Vella y la semana anterior en Poblats Marítims”, ha señalado el dirigente popular, que también ha afeado «la pasividad” del anterior equipo de gobierno de Compromís y PSPV, que «dejaron a la ciudad sin una regulación aprobado y la que hicieron para el centro histórico la tumbo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana».
Crecen los pisos turísticos que encarecen los precios de las viviendas
El concejal de Compromís, Ferran Puchades, que ha pedido una moratoria en la concesión de licencias a pisos turísticos, ha alertado que la proliferación de apartamentos de uso turísticos «hace tiempo que ha dejado de afectar únicamente al casco histórico, y que en distritos como los Poblats Marítims se ha producido un incremento de casi un 30% de nuevos establecimientos en los últimos años, siendo los barrios de Natzaret, Benicalap, la Creu Coberta y Algirós donde se han producido incrementos mayores, de cerca un 50%, desde el año 2019″.
El concejal ha lamentado que “mientras la señora Catalá se dedica a hacer anuncios y declaraciones de intenciones, las asociaciones de vecinos y activistas como ‘la Mataobras’, reciben una media de 10 solicitudes diarias de información sobre la legalidad de las obras que, como una especie de plaga, se extiende ya por toda la ciudad”.
Por su parte, el concejal socialista Borja Sanjuán ha puesto de manifiesto la burbuja del precio de la vivienda que está sufriendo la ciudad y ha puesto como ejemplo que alquilar una vivienda en Ciutat Vella cuesta lo mismo que un piso en Manhattan cerca de Central Park.
«El fenómeno de los apartamentos turísticos está llevando a que haya un bien de mercado, como lo consideran los que invierten, pero que en realidad es un derecho sobre el que viven familias y personas de las ciudades. Está dejando sin la capacidad de poder vivir en València a generaciones enteras», ha lamentado el dirigente socialista.
Rechazada la tasa turística y Airbnb
Por otro lado, los socialistas han presentado una moción para pedir la aplicación de una tasa turística municipal y una pionera tasa Airbnb en la ciudad de València, a cual se ha adherido Compromís a través de una enmienda, pero que ha sido rechazada con los votos en contra del Partido Popular y de VOX.
De hecho, la concejal de Turismo, Paula Llobet, ha criticado la tasa que propone la oposición al considerar que se criminaliza a un sector que aporta el el 15% del PIB de la Comunitat Valenciana y del que dependen, directa o indirectamente, el 70% de empleos de la ciudad.
