El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar se ha reunido este miércoles con la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, y el vicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Barrera, y les han requerido que insistan al PSOE para que extienda la condición de agente de autoridad a todos los empleados de centros penitenciarios, especialmente tras la muerte de la cocinera Nuria a manos de un interno en Mas d’Enric en Tarragona.
El encuentro con los dos conselleres y dirigentes de VOX llega 24 horas después de que el Congreso diera luz verde a una iniciativa del PSOE para reformar la Ley General penitenciaria de 1979 y que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad. Esta propuesta socialista salía adelante con 300 votos a favor, gracias al apoyo del Partido Popular y la extrema derecha, y con la abstención de Podemos y Sumar, con 29 votos, y 14 votos en contra.
Los socios de Gobierno y partidos como EH Bildu y ERC consideran que ofrecer esta condición a los funcionarios es promover el “autoritarismo”. Así, por ejemplo el diputado Jon Iñarritu de EH Bildu manifestaba en el Congreso que la propuesta socialista es “autoritarismo que no va en la vía de la reinserción y de rehabilitación”.
La postura del Partido Popular, en el lado opuesto, reclaman que esta medida se extienda a todos los trabajadores de los centros penitenciarios, en la línea que reclaman las voces sindicales, y condicionan su apoyo futuro a esta premisa.
Desde TAMPM Comunidad Valenciana, las delegadas sindicales de Picassent, Montse e Inma, han solicitado el apoyo del Consell para insistir al PSOE en la necesidad de ampliar esta condición a toda la plantilla “sin distinción de si son funcionarios o son personal laboral o son trabajadores sociales”, señalan.
En este sentido, expresan su miedo de que la Proposición de Ley avalada por el parlamento español se diluya con el tiempo. “Les hemos pedido que, por favor, no permitan que vuelva a suceder lo que pasó la pasada legislatura cuando se presentó la PL por el PSOE también y 50 veces fue pedido un plazo de ampliación y permaneció en el cajón hasta el final de la legislatura”.
“Queremos ser agentes de autoridad ya y más después de lo sucedido con nuestra compañera Nuria, asesinada por un interno en la prisión de Tarragona”, añaden. Según explican, ambos conselleres se han comprometido a “seguir dando al señor Marlaska toques” para que esta iniciativa de reforma legislativa finalmente se materialice tras años de reclamaciones del colectivo.
Falta de personal y médicos que cobran menos en los centros penitenciarios
Junto a la reclamación de la condición de agente de autoridad, el colectivo sindical ha insistido también en la falta de recursos humanos en las seis prisiones valencianas. “Las RPTs -Relación de Puestos de Trabajo- no se cumplen. Nos jubilamos más de los que entran y sin seguridad no hay tratamiento y no podemos atender adecuadamente ni garantizar la seguridad ni atender adecuadamente a los internos”, explican.
Esta ratio de trabajadores por interno se acentúa más en el caso del personal sanitario, según denuncian. “Es muy difícil que entren médicos en prisiones, porque cobran menos que un médico de familia en la calle”.
En el caso de la provincia de Alicante, cuenta con una presión adicional, ya que alberga uno de los dos centros psiquiátricos penitenciarios de España. Reclaman que se termine la construcción del Centro de Siete Aguas que ha quedado abandonado desde 2021. Es la manera de descongestionar Alicante y Sevilla, sostienen. “Es ultra moderno, donde los enfermos mentales pueden estar atendidos en condiciones y es la vía que abogamos”.
