Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, ha afirmado que ‘el problema de la vivienda en la Comunitat Valenciana es el Partido Popular, que se reparte los pisos de protección pública y no aplica la ley que bajaría los precios del alquiler‘. Con esta acusación, ha situado al PP en el centro del atasco residencial, ligando la falta de acceso a la vivienda con decisiones políticas que, a su juicio, desvirtúan el objetivo social de la protección pública y frenan la bajada del alquiler.
En unas jornadas del PSPV en Elche sobre educación, universidad y ciencia, Morant ha calificado de ‘escándalo‘ las irregularidades detectadas en la adjudicación de viviendas públicas en Alicante y ha advertido de que no se trata de un episodio aislado, sino de un patrón que se repite.
‘Estamos viendo situaciones similares en Alicante, en Sant Joan, en Sant Vicent del Raspeig y en València. Es un modelo: vivienda pública que acaba beneficiando a concejales, cargos y personas del entorno del Partido Popular‘, ha denunciado, al sostener que las promociones han perdido su finalidad social.
Exige la dimisión de Barcala
La dirigente socialista ha exigido la dimisión inmediata del alcalde de Alicante, Luis Barcala, al que ha señalado como ‘máximo responsable político de que la vivienda pública en su ciudad haya acabado en manos de quienes no la necesitan’. Ha sostenido que la responsabilidad institucional obliga a asumir consecuencias cuando la gestión pública permite desviar recursos pensados para familias con menos ingresos.
Como argumento, ha señalado que en Alicante hay más de 5.400 familias inscritas como demandantes de vivienda protegida. Sin embargo, ha reprochado que el Consell modificó los requisitos y eliminó la obligación de estar en ese registro, una decisión que, según ha advertido, ha abierto la puerta a que personas con ingresos de hasta 4.000 euros mensuales accedan a las promociones. Con ello, ha apuntado, se ha alterado el orden de prioridad y se ha debilitado la función de ese registro como filtro social.
Asimismo, ha denunciado que el Gobierno valenciano eliminó la cláusula que garantizaba la permanencia de la protección, permitiendo la venta posterior en el mercado libre. A su juicio, esa liberalización incentiva la revalorización privada de un bien construido sobre suelo público. ‘Hablamos de viviendas que han salido por alrededor de 230.000 euros cuando su precio real ronda los 400.000. Esa diferencia la paga el conjunto de la ciudadanía con suelo público. Era un esfuerzo para ayudar a las familias trabajadoras, no para facilitar el pelotazo‘, ha subrayado.
Reclama aplicar la Ley de Vivienda
Morant ha señalado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como responsable de revertir la situación y le ha pedido que dé marcha atrás para recuperar ‘la norma que garantizaba que la vivienda pública fuera para quien la necesita y lo fuera para siempre‘. Con ello, ha defendido, se restituye la seguridad jurídica del parque protegido y se blinda su finalidad social.
En paralelo, ha denunciado que el PP no está aplicando en la Comunitat Valenciana la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de España, que permite declarar zonas tensionadas y limitar los precios del alquiler. ‘Mientras en otras comunidades se aplica la ley y se logran bajadas del alquiler, aquí el Partido Popular bloquea su aplicación en zonas tensionadas como Elche-Alicante, València o Castelló‘, ha afirmado, al vincular ese bloqueo con la falta de alivio en los precios.
La ministra también ha reprochado al PP que vote en el Congreso contra el escudo social que protege a las familias vulnerables frente a los desahucios, ‘mientras reparte vivienda pública entre los suyos’. En ese marco, ha insistido en que las decisiones del PP han agravado el acceso a una vivienda asequible y ha pedido corregir de inmediato las normas que, según su partido, favorecen a quienes menos la necesitan.
