La mayor operación internacional contra el tráfico ilegal de residuos, bautizada como ‘Custos Viridis’ y liderada por la Guardia Civil con coordinación de Europol, ha permitido incautar 127.149 toneladas de desechos y detener a 337 personas en 71 países. El golpe ha puesto de relieve un delito que, según los investigadores, será en los próximos años el más relevante del ámbito medioambiental por su rentabilidad y por la facilidad con la que se oculta bajo actividades aparentemente legales.
El dispositivo ha tenido su fase ejecutiva en el segundo semestre de 2025 y ha destapado el alcance económico del negocio: los residuos intervenidos han alcanzado un valor de mercado de 31 millones de euros. Entre las sustancias interceptadas se han contado 602 toneladas de agentes contaminantes, cuya manipulación y transporte irregulares habrían elevado el riesgo de emisiones tóxicas y vertidos. Además, se han intervenido casi 10 millones de euros y 130 vehículos y propiedades, un reflejo de la logística y la capacidad financiera de estas redes. Para los investigadores, estas cifras han confirmado la escala transnacional del delito y la necesidad de respuestas coordinadas.
Los responsables han destacado que el tráfico de residuos se ha consolidado como una fuente de beneficios excepcionalmente alta con consecuencias ambientales directas. ‘Es un mercado criminal que genera muchos beneficios económicos y que tiene unas penas de cárcel muy bajas‘, ha señalado el mando operativo, que ha descrito cómo las grandes organizaciones ‘se amparan en el 90-95 % de los casos en negocios legales‘. Esa cobertura ha permitido mezclar flujos legales e ilegales y dificultar la trazabilidad real de los desechos.
España, nodo de origen, tránsito y destino
En España se ha actuado con 23 operaciones específicas que han derivado en 41 personas detenidas o investigadas y en la detección de 77.410 kilos de residuos. También se han localizado 250 vehículos importados de forma ilegal, 3.000 certificados falsos de descontaminación de vehículos y 5.400 kilos de gases refrigerantes de efecto invernadero. Según los datos aportados, estos gases requisados hubieran emitido 6.300 toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a recorrer 25,7 millones de kilómetros con un vehículo, una muestra del impacto climático inmediato que ha evitado el operativo. La falsificación de certificados ha revelado un patrón: se ha intentado maquillar como descontaminados materiales que mantienen sustancias peligrosas para acelerar su salida o reventa.
Los puertos de Algeciras, Barcelona, Valencia y Santander se han identificado como puntos críticos de entrada y salida, mientras que por carretera los pasos fronterizos de Irún y La Junquera han sido los más empleados. La variedad de residuos afectados ha sido amplia: urbanos e industriales, textiles, plásticos, automóviles, gases o placas solares. En muchos casos, las redes han abandonado los materiales o los han quemado para borrar el rastro, generando nuevas fuentes de contaminación, emisiones y riesgos de seguridad para las zonas afectadas.
Brecha legal y datos para investigar
El capitán José Antonio Alfaro, jefe de análisis de medioambiente en Europol, ha calificado el dispositivo como ‘una de las operaciones con más impacto de las que se han hecho hasta el momento’ y ha subrayado que ha servido para ‘actualizar la foto’ de esta ‘nueva tendencia criminal‘. ‘Lo más interesante no es lo que sabemos, sino lo que nos queda por saber‘, ha añadido, en referencia a que las investigaciones han partido de cero y que antes no existían en Interpol datos consolidados sobre crimen organizado medioambiental. ‘Ahora sí los tenemos‘, han celebrado los participantes, lo que ha abierto la puerta a análisis comparativos y a una planificación más precisa.
Otro obstáculo señalado ha sido la disparidad de trato penal entre países, que ‘dificulta las operaciones’. ‘En unos países es un delito, en otros ni siquiera es una infracción administrativa’, han lamentado los investigadores. En el caso de España, se ha apuntado además que no existe un registro de empresas certificadas y que el control depende en gran medida de la propia declaración de los operadores, lo que ha generado lagunas de supervisión. El objetivo del operativo ‘no ha sido hacer inspecciones, sino desmantelar organizaciones criminales‘, ha apuntado el teniente coronel italiano Mario Pellegrino, quien ha advertido de que incluso la camorra ha mostrado interés en este negocio. Con la información recabada y la coordinación lograda, los cuerpos participantes han señalado que se han sentado las bases para nuevos golpes y para impulsar mejoras normativas que cierren las grietas detectadas.
