El Tribunal Supremo ha decidido mantener en marcha la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno. Además, ha rechazado tanto suspender cautelarmente el real decreto que la regula como elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esto ocurre pese a las impugnaciones presentadas por la Comunitat Valenciana y Aragón.
La Sala Tercera del alto tribunal ha resuelto que no procede, en este momento procesal, plantear una cuestión prejudicial interpretativa ante el TJUE sobre el real decreto del pasado 14 de abril. Este real decreto puso en marcha este proceso de regularización en toda España. El tribunal ha adelantado su decisión. Así, ha avanzado que el contenido detallado de los autos se conocerá en los próximos días.
Debate sobre la justicia europea y la suspensión del decreto
El Supremo pidió a las partes el pasado 30 de junio que se pronunciaran sobre la posibilidad de consultar al TJUE ciertos extremos del real decreto. Según su opinión, estos aspectos podrían entrar en conflicto con el derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, la cuestión afectaba al alcance de la regularización y a su encaje en la normativa comunitaria.
En este trámite, la Abogacía del Estado se ha opuesto a acudir a la justicia europea. Alegó que se trata de una competencia nacional y que la remisión prejudicial planteada por el tribunal se aproxima más a un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas que a una necesidad real y actual de aclaración jurídica. Según defendió, el objetivo de la cuestión sería anticipar respuestas sobre escenarios futuros. No pretende resolver una duda concreta sobre la legalidad vigente.
En cambio, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Aragón sí apoyaron la vía europea. Ambas administraciones autonómicas son las que han impugnado la regularización extraordinaria. Además, solicitaron además la suspensión cautelar de la ejecución del real decreto. Esto también ha sido rechazado por el alto tribunal.
Respecto a la petición de suspensión, la Sala se ha remitido a los argumentos que ya expuso el pasado mes de mayo, cuando negó frenar la entrada en vigor de la norma. Entonces, el tribunal señaló que existe un ‘interés público notorio’ en la regularización extraordinaria de migrantes que impulsa el Gobierno. Es un proceso que afecta a un ‘sustrato humano’ y que ‘trasciende a la mera consideración económica’. Por eso, estos motivos han pesado de nuevo para descartar la paralización cautelar.
Compatibilidad con el derecho de la Unión Europea
En su requerimiento a las partes, el Supremo pidió que se pronunciaran sobre la compatibilidad de esta medida con el Convenio Schengen, el reglamento europeo en materia de inmigración y el Tratado de la Unión Europea. La duda se centraba en si un Estado miembro puede aprobar, mediante una norma reglamentaria de rango infralegal, una regularización de carácter masivo. Esto sería sin coordinación previa con los demás Estados miembros.
Los servicios jurídicos del Estado han defendido que no es necesario plantear la cuestión prejudicial. A su juicio, la consulta sugerida ‘se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas de una serie de escenarios futuros’ que a la comprobación estricta de si la regularización es compatible con el derecho de la UE.
Por el contrario, la Generalitat Valenciana ha advertido de que la regularización puede tener impacto más allá de las fronteras españolas. Ha sostenido que la medida podría afectar al conjunto del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Esto se daría en especial por sus efectos sobre el asilo, el retorno de migrantes y la circulación en el espacio Schengen.
El Gobierno de Aragón ha insistido en la ‘infracción o colisión de la normativa estatal con el derecho comunitario’ como argumento clave para acudir a la justicia europea y para acordar también la suspensión del real decreto. Además, ambas comunidades han subrayado que la dimensión masiva de la regularización exige un análisis europeo previo.
El alto tribunal ha precisado que, en ninguna de las dos cuestiones que ha rechazado este miércoles, se han presentado escritos adicionales que discreparan de las posiciones ya manifestadas. Con la decisión ahora adoptada, el procedimiento principal sobre la validez del real decreto de regularización sigue su curso ante el Supremo. Mientras tanto, la medida continúa aplicándose en España.
