Los médicos han sido convocados a una huelga entre el 16 y el 20 de marzo, en plena semana de Fallas. La coincidencia con uno de los periodos de mayor afluencia y actividad en la calle ha encendido las alarmas entre organizaciones de defensa de la sanidad pública, de consumidores y vecinales, que advierten de un posible perjuicio directo para los pacientes si no se fijan servicios mínimos suficientes.
La protesta ha sido convocada por sindicatos médicos en rechazo a la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales en el Sistema Nacional de Salud. En la Comunitat Valenciana, además del paro, se han anunciado concentraciones en las tres provincias y una manifestación en la ciudad de Alicante. El malestar se centra en cómo impactaría la reforma en jornadas, contratación y organización de los equipos, aspectos que los convocantes consideran nucleares para sostener la atención diaria.
En el calendario de acciones, el sindicato médico de la Comunitat Valenciana ha convocado para el lunes 16 de marzo una concentración en la esquina del Ayuntamiento de València con la calle Periodista Azzati para que los facultativos acudan a ver la mascletà con la bata puesta. Un día después, el 17, se ha convocado una manifestación en Alicante que partirá a las 18:30 horas desde la Rambla Méndez Núñez.
También se han previsto concentraciones a las 11:00 horas en los hospitales y centros de salud de las provincias de Alicante y Castellón los días 16, 17, 18 y 20 de marzo; y en la provincia de Valencia, el día 16 a las 11:00 horas y los días 17 y 20 a las 8:15 horas. Estos paros, sumados a la alta demanda propia de las fiestas, podrían traducirse en retrasos acumulados en consultas y pruebas si no se articulan refuerzos o coberturas de mínimos.
A nivel nacional, el paro indefinido ha sido convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA). Si se prolonga, el efecto más inmediato sería el aplazamiento de actividad no urgente y el consiguiente incremento de las listas de espera, algo que después requerirá reprogramaciones y refuerzos para recuperar el ritmo asistencial.
Llamamiento a la responsabilidad
FACUA Comunidad Valenciana, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública del País Valenciano (Acdesa-PV) y la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (Cavecova) han expresado su preocupación por la ‘desproporción de la huelga y la escasez de servicios mínimos’ que puedan producirse. Aseguran que, ‘tal y como se está planteando el conflicto, se toma de rehenes a los usuarios’ y alertan de que la sanidad pública podría salir aún más dañada si se introducen argumentos que fragmentan al colectivo y no se defienden derechos profesionales de forma global.
A su juicio, esta convocatoria puede ‘perjudicar gravemente’ a la ciudadanía y por ello hacen un llamamiento a la ‘responsabilidad’ de convocantes y gobiernos para evitar poner en riesgo el sistema público de salud. Subrayan que, aunque el ‘derecho fundamental’ a la huelga está fuera de duda, si no se fijan servicios mínimos que garanticen la atención a los pacientes y medidas que palíen efectos posteriores, ‘podría poner en riesgo la salud de miles de usuarios’ que requieren de una atención urgente o están pendientes de alguna prueba médica relevante para el diagnóstico y seguimiento de sus tratamientos o enfermedades.
Las asociaciones advierten de que, de alargarse la situación, ‘podría alterar gravemente la actividad en hospitales y centros de salud’, perjudicando de forma directa a la población mediante el incremento de las listas de espera y la anulación de actuaciones necesarias para la preservación y atención de la salud de la población, con la fijación además de unos servicios mínimos claramente insuficientes. En un contexto festivo con gran concentración de personas y mayor presión asistencial, el riesgo de acumulación de retrasos y anulaciones se amplifica si no se asegura una cobertura mínima eficaz.
Estas entidades reconocen que el malestar del personal sanitario es real y legítimo por la precariedad laboral, las jornadas excesivas y los salarios insuficientes. Consideran que existe ‘margen de negociación y actuación’ para mejorar esas situaciones no solo mediante el nuevo Estatuto Marco, sino también en el marco de las responsabilidades de gestión, fijación de jornadas y contratación de las comunidades autónomas. Apuestan por un enfoque global que atienda el conjunto de las reivindicaciones de profesionales y usuarios, y condicionan el impacto final de la huelga a la fijación de unos servicios mínimos suficientes y a la capacidad de las partes para alcanzar acuerdos que estabilicen la asistencia en pleno desarrollo de las Fallas.
