Juanfran Pérez Llorca ha cumplido seis meses al frente de la Generalitat con una hoja de ruta centrada en tres grandes objetivos: bajar impuestos, facilitar el acceso a la vivienda y fortalecer los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación e infraestructuras, con la meta declarada de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía valenciana.
Según ha defendido el propio president, la acción del Consell se orienta a desarrollar políticas que combinan una fiscalidad más baja con la simplificación de trámites y una mayor libertad para las familias, al tiempo que se mantiene el compromiso con unos servicios públicos sólidos y sostenibles pese a la infrafinanciación. La premisa que expone el Ejecutivo valenciano es que se puede aliviar la presión fiscal sin debilitar la sanidad, la educación o las inversiones estratégicas, siempre que se acompaña de reformas y una gestión más eficiente.
Vivienda y política fiscal: medidas con impacto social y económico
En materia de vivienda, el Consell ha situado como prioridad el Plan Vive, con el que se ha puesto en marcha alrededor de 5.000 inmuebles de protección pública. Se trata de una apuesta por ampliar el parque de vivienda asequible en un contexto de precios al alza, especialmente en áreas urbanas. A este programa se suman los avales del Institut Valencià de Finances para la compra de la primera vivienda, que han beneficiado a 3.235 jóvenes desde su puesta en marcha, una medida dirigida a quienes tienen capacidad de pago pero encuentran barreras para acceder a la financiación inicial.
El Gobierno valenciano destaca también la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 8 % al 6 % para menores de 35 años y el refuerzo de las ayudas al alquiler. Con este paquete de actuaciones, el Consell busca responder a dos problemas simultáneos: las dificultades de emancipación de los jóvenes y la situación de colectivos vulnerables que necesitan un apoyo directo para mantener un hogar.
En esta misma línea, se ha impulsado la herramienta Proyectos Habitacionales Locales para destinar suelos en desuso, calificados como equipamiento dotacional o procedentes del patrimonio municipal, a la construcción de nuevas viviendas. Según la Generalitat, este instrumento permitirá habilitar hasta 120.000 viviendas, lo que supondría un salto cuantitativo en la oferta residencial a medio y largo plazo, con impacto en el precio y en la planificación urbanística de numerosos municipios.
Política fiscal centrada en las clases medias y trabajadoras
En el terreno fiscal, Pérez Llorca insiste en que la reforma emprendida por la Generalitat se dirige, sobre todo, a las clases medias y trabajadoras. Defiende que bajar impuestos no implica necesariamente recaudar menos y apunta que la recaudación por tributos gestionados ha aumentado un 14 % en 2025, lo que atribuye al dinamismo económico y a una base imponible más amplia.
Entre las medidas concretas, el Consell ha ampliado los niveles de renta para acceder a deducciones en el IRPF que, según sus cálculos, beneficiarán a un millón de contribuyentes de la Comunitat Valenciana, con un ahorro estimado de 100 millones de euros. Estas deducciones permiten desgravar gastos cotidianos pero significativos para muchas familias, como tratamientos de dentista y oculista, práctica deportiva o atenciones relacionadas con enfermedades raras y alzhéimer, entre otras.
Además, se han puesto en marcha nuevas deducciones dirigidas al fomento de la música, beneficios fiscales por nacimiento, adopción o acogimiento y la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para facilitar la continuidad de empresas familiares y explotaciones agrícolas. Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo autonómico sostiene que la Comunitat Valenciana se ha convertido en la autonomía con más desgravaciones en el tramo autonómico del IRPF, lo que persigue tanto aliviar la carga fiscal como incentivar determinadas actividades económicas y sociales.
Sanidad y educación: más inversión, más plazas y gratuidad universitaria
Otro de los pilares de estos seis meses es el refuerzo de la sanidad pública. El Consell asegura que está destinando el triple de inversión en infraestructuras sanitarias que en la legislatura anterior, con 280 millones de euros al año ya en ejecución. El 90 % del presupuesto de 2025 destinado a modernizar y reforzar centros de salud y hospitales está ejecutado, lo que se traduce en nuevas obras, mejoras tecnológicas y renovación de espacios asistenciales.
En paralelo, se han impulsado los Centros de Atención Urgente 24 horas, que conllevan la creación de unas 80 nuevas plazas de medicina familiar y 40 de enfermería, además de una convocatoria de más de 900 plazas en zonas de difícil cobertura. Con este despliegue, la Generalitat pretende acercar la atención urgente a la población y hacer más atractivo el trabajo en áreas donde hasta ahora resultaba complicado cubrir las vacantes.
Según los datos difundidos por el Consell, se han reducido en un 55 % las listas de espera de los pacientes de prioridad 1, pasando de una media de 61 días a 27. Asimismo, se afirma que la Comunitat Valenciana ha cerrado 2025 con la tasa quirúrgica más baja de España, 9,91 intervenciones por cada 1.000 habitantes frente al 17,69 nacional, de acuerdo con cifras del Ministerio. Para el Ejecutivo, estos indicadores respaldan su discurso de una sanidad más humana, personalizada y con mejores resultados.
En el ámbito educativo, Pérez Llorca ha anunciado la gratuidad del primer curso universitario para el estudiantado que apruebe todas las asignaturas, como forma de reconocer el esfuerzo y el rendimiento académico. Esta medida busca aliviar el coste inicial de los estudios superiores y servir de incentivo al aprovechamiento. A ello se suma la creación de una Red de Universidades de la Comunitat Valenciana para el Empleo, orientada a reforzar la conexión entre formación universitaria, mercado laboral y necesidades reales de las empresas.
Economía, empleo e infraestructuras: simplificación, industria e inversión en movilidad y agua
En el plano económico y laboral, el president subraya que la Comunitat Valenciana lidera la creación de empresas y de autónomos y es la segunda comunidad que más empleo genera, lo que presenta como prueba de que el territorio es una tierra de oportunidades, atractiva para la inversión y confiada en su tejido industrial para seguir creciendo.
Entre las medidas adoptadas, destaca la segunda Ley de Simplificación Administrativa, con la que se pretende reducir trabas burocráticas que dificultan la actividad de empresas y emprendedores. Junto a ello, la Generalitat ha activado 27 medidas de apoyo a empresas y familias ante la crisis derivada de la Guerra de Irán, valoradas en 421 millones de euros, con el objetivo de mitigar el impacto económico y mantener el pulso de la actividad productiva.
En el impulso a la industria, cobran relevancia el Plan del Sector Aeroespacial, la Estrategia de Reindustrialización, la creación del Visor Único de Suelo Industrial y el refuerzo de la Formación Profesional vinculada a la empresa. En este campo se enmarca el desarrollo de proyectos como el learning factory del calzado y el aumento del 22 % en las ayudas a I+D+i, con los que se busca modernizar sectores tradicionales, atraer inversiones tecnológicas y favorecer la innovación.
El Consell enmarca esta apuesta en la idea de construir una industria fuerte que permita a la economía valenciana avanzar, crear empleo de calidad, retener talento y captar proyectos empresariales estratégicos. Entre ellos, se resaltan iniciativas como la gigafactoría de baterías eléctricas de PowerCo en Sagunt, el hub energético de BP en Castellón, el Campus Digital Valley en Picassent, la instalación de Edwards Lifesciences en Moncada o la nueva factoría aeroespacial de PDL Space en Elche. Conjunto de actuaciones que, según las estimaciones difundidas, podrían generar 18.000 millones de euros de inversión y alrededor de 22.000 puestos de trabajo en los próximos años.
En el capítulo de infraestructuras, el president reivindica el compromiso del Consell con proyectos clave para el desarrollo de la Comunitat Valenciana. El Gobierno autonómico asegura haber desbloqueado actuaciones que llevaban años paralizadas, al tiempo que impulsa grandes planes inversores con dos ejes prioritarios: la movilidad y el agua.
Entre las iniciativas destacadas se encuentra el Plan de Inversiones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2026-2030, dotado con 839 millones de euros para modernizar y ampliar el transporte público ferroviario. También figuran actuaciones como el desdoblamiento de la CV-95, el Eje de la Cerámica o la mejora de la movilidad en carreteras de diversos municipios, con el propósito de reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad viaria.
Asimismo, se está renovando el mapa concesional de los autobuses interurbanos con una inversión de alrededor de 400 millones de euros. Esta reordenación busca reforzar la conectividad entre municipios, ampliar frecuencias y adaptar las rutas a las necesidades actuales de la población, favoreciendo una movilidad más sostenible y accesible.
En materia hídrica, el Consell hace hincapié en la defensa del agua que considera que merece la Comunitat Valenciana y reivindica años de políticas de gestión eficiente. El Gobierno autonómico subraya que esta prioridad no se queda en el plano declarativo, sino que se respalda con presupuestos concretos, como los cerca de 50 millones invertidos en esta legislatura en la modernización de regadíos, clave para la competitividad del sector agrario.
Dentro de esta estrategia destaca el plan de depuración de aguas 2026-2030, gestionado por EPSAR, con una inversión de 665 millones de euros en 122 municipios. Con estas actuaciones, la Comunitat Valenciana aspira a seguir siendo la autonomía que más agua reutiliza de España, aprovechando al máximo los recursos disponibles y reduciendo el impacto ambiental de los vertidos.
El Gobierno valenciano está, además, culminando las obras de los tramos I y II del postrasvase Júcar-Vinalopó, que prevé tener operativos a finales de este año, y ha avanzado una tercera fase para completar la infraestructura. También se da por finalizado el margen izquierdo del mismo postrasvase, cuya plena operatividad se fija para finales de 2026, con la intención de garantizar recursos hídricos a zonas con déficit y aliviar la presión sobre acuíferos.
En paralelo, la Generalitat continúa reclamando un gran pacto del agua en España y ha exigido la paralización de las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, al considerar que afectan a los intereses hídricos de la Comunitat Valenciana. En este contexto, también se pone en valor la incorporación de 548 jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos al campo valenciano, un dato que el Consell presenta como señal de relevo generacional y de confianza en el futuro del sector primario.
