La Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación ya está operativa en la Comunitat Valenciana a través del teléfono 012 de información y atención a la ciudadanía de la Generalitat. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha avanzado además que su departamento prepara una nueva línea de ayudas de 250.000 euros para proteger a propietarios de viviendas frente a la ocupación ilegal.
Camarero ha explicado en Les Corts que este nuevo servicio nace con el objetivo de garantizar a las víctimas “asesoramiento, prevención y una atención integral y gratuita en toda la Comunitat Valenciana”. Para ello, se han habilitado más de 100 puntos de atención directa, distribuidos entre 37 oficinas de atención a víctimas del delito y 66 puntos del Servicio de Orientación Jurídica de Proximidad, Justiprop.
La vicepresidenta ha señalado que la línea de ayudas en tramitación combinará una respuesta jurídica y económica. Según ha detallado, el programa financiará tanto el asesoramiento legal necesario para recuperar la vivienda como la reparación de posibles daños ocasionados en los inmuebles afectados.
Refuerzo jurídico y atención directa
La titular de Vivienda ha defendido que estas medidas buscan “reforzar la seguridad jurídica, recuperar la confianza en el mercado de la vivienda y garantizar el derecho a la propiedad”. Camarero ha insistido en que el Consell actúa frente a la ocupación ilegal “persiguiendo el delito, dando seguridad jurídica y apoyando al propietario”, sin renunciar, según ha subrayado, a las políticas sociales de acceso a la vivienda.
La vicepresidenta ha enmarcado estas actuaciones dentro del Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas impulsado por el Consell. A su juicio, este plan supone “un cambio de modelo” en la forma de afrontar la ocupación ilegal y la inquiocupación, que, según ha afirmado, “se han convertido en un problema de primera magnitud”.
Camarero ha vinculado esta problemática con la convivencia, el deterioro de los barrios, la inseguridad y la vulneración de derechos como la propiedad y la inviolabilidad del domicilio. En este sentido, ha destacado la formación especializada para policías locales a través del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, así como las jornadas dirigidas a abogados y personal de las oficinas de atención.
Coordinación con municipios y administradores de fincas
La consellera también ha puesto el foco en la coordinación institucional. Entre las medidas citadas, ha destacado el convenio de colaboración suscrito con los administradores de fincas, que permite distribuir y compartir información de las fincas que gestionan.
Asimismo, ha resaltado el trabajo conjunto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias mediante jornadas centradas en los aspectos jurídicos de la ocupación y en la difusión de los recursos disponibles para propietarios y profesionales.
La Generalitat ha habilitado además un espacio específico sobre ocupación ilegal de viviendas en el portal de la Conselleria de Vivienda. Según ha indicado Camarero, este apartado centraliza información útil y recursos prácticos para la ciudadanía, entre ellos una guía orientada a propietarios y profesionales.
La ocupación y la falta de vivienda
Susana Camarero ha asegurado que “la ocupación y la inquiocupación son síntomas de un problema mayor: la falta de vivienda”. La vicepresidenta ha defendido que el Consell actúa en varios frentes, con medidas para construir más vivienda, movilizar suelo, apoyar a los jóvenes en el acceso a una vivienda y proteger a los propietarios.
La titular de Vivienda ha sostenido que la ocupación incide directamente sobre la oferta residencial, al considerar que “miles de viviendas han salido del mercado del alquiler por la inseguridad jurídica”. Por ello, ha instado al Gobierno de España a “adoptar los cambios normativos necesarios para agilizar los procedimientos judiciales, reforzar la capacidad de actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y devolver la seguridad jurídica a los propietarios”.
Camarero ha concluido que la Generalitat protege a las víctimas, refuerza la prevención, mejora la coordinación y agiliza la respuesta, aunque ha advertido de que, mientras continúe la actual legislación estatal, “resultará muy difícil poder alcanzar el objetivo de respetar la propiedad y proteger la convivencia”.
