Las acusaciones particulares y la Fiscalía han mantenido este lunes que el expresidente de Les Corts Valencianes y de la Diputación de Alicante, Julio de España, del PP, cometió un delito de agresión sexual y dos delitos de trato degradante a dos pacientes en su condición de médico especialista en digestivo.
El juicio contra De España ha quedado visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, después de los alegatos finales de las partes. El Ministerio Fiscal y las acusaciones han solicitado ocho años de prisión, además de inhabilitación especial, medidas de libertad vigilada e indemnizaciones para las víctimas. La defensa, por su parte, ha pedido la libre absolución.
La Fiscalía y las acusaciones de las dos pacientes han coincidido en que los hechos no constituyeron un acto médico, sino una agresión sexual. Los letrados de las afectadas han recalcado que “las maniobras realizadas no correspondían a ningún criterio médico sino a un ánimo libidinoso del acusado” y han sostenido que se sirvió de «un paripé para dar rienda suelta a sus impulsos sexuales».
Las acusaciones cuestionan el carácter médico de las exploraciones
La abogada de una de las víctimas ha señalado durante la vista que el expolítico popular llegó a decirle «ponte a cuatro patas como si estuvieras castigada». La letrada de la otra paciente ha insistido en que «su representada acudió por una intolerancia alimentaria y el expresidente le practicó un tacto rectal, así como tocamientos vaginales sin su consentimiento».
Las acusaciones han defendido que las actuaciones atribuidas a De España carecían de justificación clínica y han pedido al tribunal que tenga en cuenta el relato de las pacientes, así como el contexto en el que se habrían producido los hechos.
La defensa niega los hechos y pide la absolución
La defensa de Julio de España ha centrado su alegato en negar la existencia de una agresión sexual y ha puesto en cuestión la veracidad de los testimonios de las víctimas. La abogada del expresidente ha sostenido que los tres informes periciales de parte señalan que “el tacto rectal es una técnica vigente, inocua y eficaz, y no prohibida en los protocolos médicos”.
La representación del acusado también ha defendido que la ley no exige un consentimiento informado por escrito, sino únicamente verbal, para exploraciones básicas. Sobre los presuntos tocamientos vaginales, la defensa los ha negado y ha argumentado que las pacientes no denunciaron en el momento, no indicaron al médico que se sintieran incómodas ni mostraron signos de estrés.
El caso queda ahora pendiente de la sentencia que dicte la Audiencia Provincial de Alicante.
