Las eurodiputadas socialistas Leire Pajín y Sandra Gómez han presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que estudie si la ley de Presupuestos aprobada en Les Corts Valencianes, que ha incorporado el principio de ‘prioridad nacional’ y criterios de ‘arraigo’ para acceder a determinadas ayudas públicas y programas de vivienda, respeta el Derecho de la Unión Europea.
Según han explicado en un comunicado, se trata de la primera vez que estos requisitos se introducen en unas cuentas públicas en España. A su juicio, estos criterios ‘pueden vulnerar los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea y a otras personas que tienen reconocido el derecho a la igualdad de trato’ en la legislación comunitaria.
Las parlamentarias europeas advierten además de un posible impacto sobre la gestión de los fondos comunitarios. Si la Generalitat aplica estas condiciones a programas financiados total o parcialmente con recursos europeos, consideran que también ‘podrían plantear dudas sobre el correcto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de esos recursos’.
Qué pide el PSPV a Bruselas
En la iniciativa registrada en el Parlamento Europeo, Pajín y Gómez solicitan al Ejecutivo comunitario que detalle qué obligaciones tienen los Estados miembros cuando medidas como la ‘prioridad nacional’ o el ‘arraigo’ pueden afectar a ciudadanos de otros países de la UE o a personas amparadas por el Derecho de la Unión.
Piden una aclaración específica sobre estos casos cuando se trata de programas sufragados con financiación europea, ya sea de forma total o parcial. De este modo, buscan despejar dudas sobre qué límites marca la normativa comunitaria en materia de igualdad de trato y acceso a prestaciones.
Las eurodiputadas preguntan también a la Comisión si tiene previsto examinar de forma concreta la compatibilidad de la ley de Presupuestos de la Generalitat con el Derecho de la Unión. En caso de que Bruselas detecte una vulneración, le instan a ejercer las competencias que le atribuyen los Tratados, incluidas las relativas a la correcta gestión y utilización de los fondos europeos.
El PSPV enmarca esta iniciativa en la defensa de los principios básicos de la UE. Según ha señalado el partido en su comunicado, el objetivo es ‘garantizar que toda normativa nacional o autonómica que incida en el acceso a prestaciones públicas respete plenamente los principios fundamentales de la Unión Europea, en particular la igualdad de trato, la no discriminación y la correcta aplicación del Derecho europeo’.
