Les Corts Valencianes aprobarán la próxima semana los presupuestos de la Generalitat para 2026, cifrados en 33.305 millones de euros, gracias al apoyo de Vox, que ha condicionado su voto a la inclusión del principio de ‘prioridad nacional’ y ha provocado el anuncio de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central si se mantiene ese criterio.
El pleno, que se celebrará durante dos días, dará el visto bueno definitivo a las terceras cuentas de la legislatura y las primeras que ha presentado Juanfran Pérez Llorca como president, con un volumen un 3,1 % superior al de los presupuestos anteriores.
Mayoría de PP y Vox y cuentas prorrogadas
La tramitación de estas cuentas ha comenzado a finales de mayo, después de que el PP alcanzara un acuerdo con Vox. Los populares cuentan con 40 escaños, diez menos que la mayoría absoluta, por lo que necesitan los 13 diputados de Vox para sacar adelante las cuentas.
Durante la legislatura actual, PP y Vox ya han aprobado juntos los presupuestos de 2024 y 2025. Las primeras cuentas, las de 2024, se aprobaron en diciembre de 2023 y se han prorrogado después de la tragedia de la dana. Las de 2025 se han aprobado a finales de mayo de 2025, también con el respaldo sumado de ambos partidos.
Los presupuestos de 2025 se han prorrogado tras la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la presidencia de la Generalitat, a finales del año pasado, después de la dimisión de Carlos Mazón. Ahora, esas cuentas serán sustituidas por los nuevos presupuestos para 2026.
La prioridad nacional, eje del pacto con Vox
Vox ha defendido durante toda la tramitación que solo apoyaría estas cuentas si incluían por primera vez el principio de ‘prioridad nacional’. La formación ha argumentado que ‘los recursos son limitados’ y que, por tanto, debe darse preferencia a los españoles, sobre todo en vivienda pública y políticas sociales.
En el debate en comisión, el PP ha respaldado varias enmiendas de Vox ligadas a este concepto. Entre ellas, ayudas a las familias valencianas para la crianza y manutención de hijos ‘que sigan el principio de prioridad nacional’.
Otra enmienda pactada incorpora ‘el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente’, para facilitar el acceso a la vivienda. Ese criterio se dirige a quienes acrediten ‘un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana’.
El PP ha sostenido que comparte la idea de aplicar criterios ‘de arraigo’ en el acceso a las ayudas, como asegura que ya hacen ‘muchos ayuntamientos’. Según el partido, este enfoque permite priorizar a las personas con una vinculación estable al territorio.
El Consell, por su parte, ha defendido que la llamada ‘prioridad nacional’ ‘no va más allá’ de lo que recoge la Constitución española. Además, ha remarcado que el criterio de arraigo se ha aplicado ‘desde siempre’ en distintas administraciones públicas.
Críticas de la oposición y advertencia de recurso
Los socialistas han rechazado de forma frontal este diseño de los presupuestos y el uso del concepto de prioridad nacional. Han advertido de que la Comunitat Valenciana se convertirá en la primera autonomía que incorpore ‘una prioridad racista y xenófoba‘ en sus cuentas.
En sus enmiendas, el grupo socialista ha pedido ‘impedir la incorporación de cualquier criterio de preferencia, prioridad, exclusión o trato diferenciado basado en la nacionalidad’. Además, ha avisado de que, si finalmente se mantiene la ‘prioridad nacional’, el Gobierno de España recurrirá los presupuestos ante el Tribunal Constitucional.
Compromís, el otro grupo de la oposición en Les Corts, ha coincidido en el rechazo al pacto entre PP y Vox. Ambas formaciones han sostenido que estos terceros presupuestos de la legislatura recortan políticas de igualdad, diversidad, diálogo social y colaboración con las ONG.
Según la oposición, las cuentas incluyen ‘la segregación racional y la discriminación’, lo que, a su juicio, supone un retroceso en derechos y en cohesión social.
Próximos pasos: ley de acompañamiento y comisiones
Una vez aprobados los presupuestos de 2026, el siguiente hito será la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. Esta norma, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, se votará el próximo 31 de julio en un pleno que cerrará el actual periodo de sesiones.
Con esa sesión plenaria se dará inicio a las vacaciones parlamentarias, tras varias semanas centradas en las cuentas y en el debate político sobre la prioridad nacional.
Antes de esa fecha, volverá a reunirse la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública del residencial Les Naus de Alicante. La comisión se celebrará el jueves de la próxima semana.
En esa sesión se ha citado a declarar al exalcalde socialista Gabriel Echávarri y a varios gestores de la cooperativa vinculada a la promoción. Sus comparecencias buscan aclarar las condiciones en que se han adjudicado esas viviendas de protección pública y determinar posibles responsabilidades políticas o de gestión.
