La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha denunciado que la Comunitat Valenciana ha perdido 18 refuerzos judiciales tras la última decisión del Gobierno central, lo que supone una cuarta parte de los 72 apoyos suprimidos en toda España y deja en el aire unos 5.520 expedientes en los juzgados valencianos.
Según ha explicado Martínez, esta medida se ha conocido tras la celebración telemática de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, convocada por el Ministerio de Justicia y en la que ha participado la Generalitat. En ese foro, la consellera ha trasladado su rechazo a un recorte que, a su juicio, afecta de forma especialmente intensa a la Comunitat Valenciana.
La titular de Justicia ha afirmado que el Ejecutivo central ha adoptado una decisión que castiga de nuevo a la autonomía. En sus palabras, ‘el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con sus decisiones, ha vuelto a ultrajar una vez más nuestra autonomía. Nos obliga a asumir la pérdida de 18 refuerzos judiciales de los 72 que se suprimen en el conjunto nacional y eso no lo podemos consentir. No es de recibo que la Comunitat Valenciana tenga que asumir una cuarta parte de la supresión total de refuerzos judiciales’. Martínez ha recalcado además que considera que la Comunitat es ‘la autonomía más agraviada’.
Impacto en los juzgados valencianos
Fuentes de la Generalitat han señalado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado de las consecuencias directas del recorte. Con la supresión de estos apoyos, en la Comunitat Valenciana quedarán suspendidos alrededor de 5.520 expedientes, muchos de ellos vinculados a procedimientos con numerosos afectados.
Buena parte de los refuerzos eliminados estaban destinados a juzgados especializados en cláusulas suelo y en reclamaciones por cláusulas abusivas. Estos órganos ya soportan una elevada carga de trabajo, por lo que la retirada de personal de apoyo puede agravar los retrasos en la tramitación de los asuntos.
Ante esta situación, Nuria Martínez ha instado al ministro de Justicia a reconsiderar la decisión y a mantener los refuerzos. Según ha señalado, el departamento estatal es ‘conocedor de este agravio’, que a su juicio supone ‘una merma en los derechos de los valencianos’. La consellera ha explicado que ‘ya le hemos pedido en reiteradas ocasiones, en esta conferencia sectorial una vez más, que prorrogue estos refuerzos judiciales tan necesarios para garantizar una respuesta judicial ágil y eficaz’.
Martínez ha subrayado que la retirada de estos medios humanos se notará tanto en el funcionamiento interno de la Administración de Justicia como en la experiencia de los usuarios. A su juicio, ‘queda patente la falta de sensibilidad del Gobierno de España, porque muchos de los refuerzos suprimidos están especializados en causas con muchos afectados, como las de cláusulas abusivas’.
La responsable autonómica ha advertido de que la decisión implica un ‘claro perjuicio’ para el sistema judicial valenciano. Ha recordado que los órganos afectados ya concentraban una carga de trabajo considerable y que resultan clave para garantizar que las resoluciones llegan en plazos razonables.
En este sentido, ha insistido en que ‘los valencianos tienen derecho a una tutela judicial efectiva, a que sus procedimientos no se demoren en exceso; por eso la continuidad de estos refuerzos supone una garantía, por tanto, además de beneficiar a jueces y funcionarios beneficia también a la ciudadanía, que es a quien nos debemos’.
La consellera ha puesto el foco también en el aval técnico con el que contaban muchos de estos apoyos. Ha recordado que gran parte de los refuerzos que el Gobierno ha decidido no prorrogar se habían considerado necesarios para asegurar el normal funcionamiento de los juzgados, ya que disponían de un informe favorable de la Inspección del CGPJ.
Martínez ha defendido que el Consell mantiene su hoja de ruta para mejorar el servicio público de Justicia en la Comunitat Valenciana. Según ha señalado, ‘el Consell no ceja en su empeño de descongestionar y dignificar la Administración de Justicia. Estamos esforzándonos para implementar medidas que contribuyan a revertir la sobrecarga de trabajo que se da en los órganos judiciales, pero reclamamos al Gobierno central un compromiso para que dote con los recursos necesarios a los juzgados como lo hace la Generalitat’.
Con estas declaraciones, la Generalitat ha querido subrayar que, aunque el Consell impulsa iniciativas propias para aliviar la carga de trabajo en los tribunales, considera imprescindible la implicación del Ministerio de Justicia para mantener los refuerzos estatales y evitar que miles de asuntos, especialmente relacionados con cláusulas bancarias, sigan acumulándose sin resolución en los juzgados valencianos.
