El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido de que la negativa del Ministerio de Justicia a reforzar los juzgados especializados en cláusulas suelo puede dejar en suspenso cerca de 12.500 expedientes en España en el segundo semestre del año, hasta 5.520 de ellos en la Comunitat Valenciana, que se convertiría así en el territorio más afectado.
Según ha explicado el órgano de gobierno de los jueces, el problema se concentra en los juzgados que tramitan demandas sobre condiciones generales de la contratación en préstamos hipotecarios con garantía inmobiliaria cuando el prestatario es una persona física, es decir, en asuntos vinculados a cláusulas abusivas como las conocidas cláusulas suelo.
Petición de una Comisión Mixta urgente
En una nota difundida este martes, el CGPJ ha reclamado al Ministerio que reconsidere su negativa a autorizar los fondos necesarios para mantener los refuerzos en estos órganos judiciales.
Además, ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión Mixta entre Justicia y el propio Consejo para abordar de forma específica la decisión de denegar la autorización económica previa a estas medidas de refuerzo.
La Comisión Permanente del Consejo se ha reunido este martes y ha acordado reiterar la petición que ya aprobó por unanimidad el pasado 1 de julio, cuando pidió por primera vez al Ministerio que revisara su postura.
El informe del Servicio de Inspección del CGPJ calcula que, si no se habilita financiación para mantener los refuerzos, quedarán sin resolver al menos 12.470 asuntos durante la segunda mitad del año.
La Comunitat Valenciana, a la cabeza en expedientes afectados
Ese mismo informe señala que la Comunitat Valenciana será la comunidad más golpeada por la falta de medios.
En su territorio, el Servicio de Inspección prevé que se suspendan o no se resuelvan entre 5.420 y 5.520 asuntos relacionados con cláusulas suelo y otras condiciones abusivas.
Tras la Comunitat Valenciana se situarían la Comunidad de Madrid, con unos 4.650 asuntos afectados, y Cataluña, donde se estiman 2.400 expedientes paralizados sólo en la provincia de Barcelona.
El CGPJ ha mostrado su preocupación por el impacto de esta situación en los derechos de los ciudadanos que han presentado demandas contra entidades financieras.
El Consejo considera que la ausencia de refuerzos obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que califica de ‘necesarias e imprescindibles’ para garantizar derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y un proceso sin dilaciones indebidas.
Alerta de las asociaciones de consumidores
En paralelo, la asociación de consumidores Asufin ha denunciado este martes, en un comunicado, que ya se han producido las primeras paralizaciones en los procedimientos abiertos en los 62 juzgados especializados en cláusulas suelo repartidos por todo el país.
Según Asufin, estas suspensiones están directamente relacionadas con la decisión de poner fin a la dotación económica extra que permitía reforzar dichos órganos judiciales.
La advertencia del CGPJ y las quejas de las asociaciones se centran en los efectos que puede tener este bloqueo sobre miles de consumidores, muchos de ellos en la Comunitat Valenciana, que esperan una resolución judicial sobre sus hipotecas.
A juicio del órgano de gobierno de los jueces, la respuesta del Ministerio de Justicia será clave para evitar un nuevo atasco en unos juzgados que ya soportan una elevada carga de trabajo por este tipo de litigios.
