La reforma de la financiación autonómica avanza pese al rechazo mayoritario de las comunidades

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El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dado luz verde a la propuesta de Hacienda para reformar la financiación autonómica, respaldada solo por Cataluña y Canarias y con 20.975 millones adicionales para las comunidades.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado este viernes la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica, un nuevo modelo que solo han respaldado Cataluña y Canarias y que prevé 20.975 millones de euros adicionales para las comunidades a partir de 2027.

Según ha explicado el Ministerio de Hacienda tras más de tres horas de reunión, el Consejo ha dado su visto bueno a la propuesta del Gobierno gracias al peso de la propia Administración central en el órgano, pese al rechazo frontal de las comunidades gobernadas por el PP y también de las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias.

La votación se ha producido en un clima de fuerte división territorial. Solo Cataluña y Canarias han apoyado la reforma. El resto de ejecutivos autonómicos presentes han votado en contra, al considerar que el nuevo modelo no responde a sus reivindicaciones sobre recursos y criterios de reparto.

Ausencia de la Comunidad de Madrid

A la reunión no ha asistido la Comunidad de Madrid. Su Gobierno había animado el jueves al resto de autonomías del PP a no acudir al encuentro para forzar su suspensión por falta de quorum, una estrategia que finalmente no ha prosperado porque el resto de ejecutivos populares sí han acudido, pese a su oposición a la reforma.

El Ministerio de Hacienda tiene asignada la mitad de los votos dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esa configuración le permite sacar adelante sus propuestas con el apoyo de solo una comunidad autónoma, como ha ocurrido en esta sesión con los votos favorables de Cataluña y Canarias.

Con el aval del Consejo, el Gobierno ha quedado en disposición de aprobar el anteproyecto de ley orgánica que recogerá la reforma del sistema de financiación autonómica. El siguiente paso será enviar ese texto al Congreso de los Diputados, donde hará falta mayoría absoluta para su aprobación definitiva.

Esa mayoría resulta complicada en este momento. Junts ha advertido este mismo viernes de que presentará una enmienda a la totalidad contra la futura ley, al considerar que el texto no incorpora un concierto económico específico para Cataluña, una de sus exigencias clave.

Más recursos vía IRPF e IVA

La propuesta de Hacienda prevé que las comunidades autónomas reciban 20.975 millones de euros adicionales en 2027. Ese incremento se apoyará sobre todo en una mayor cesión de la recaudación de los grandes impuestos estatales.

En concreto, el porcentaje de IRPF que gestionarán las autonomías pasará del 50 % actual al 55 %. En el caso del IVA, la participación autonómica aumentará desde el 50 % al 56,5 %. Con ello, el Gobierno busca que las comunidades dispongan de más recursos ligados a la evolución de la economía y al consumo.

El nuevo modelo parte de un recálculo de la llamada población ajustada. Esta variable corrige la población real con factores como dispersión, envejecimiento o coste de los servicios, y sirve de base para repartir los fondos entre territorios. Sobre esa cifra se aplicarán diversos ajustes adicionales para intentar aproximar mejor las necesidades de gasto.

Entre esos ajustes destaca la creación de un nuevo fondo climático. Este instrumento pretende tener en cuenta el impacto del cambio climático y las necesidades asociadas, como inversiones en infraestructuras resilientes o costes derivados de fenómenos extremos, siempre dentro del marco que determine la ley.

Además, la reforma introduce la posibilidad de que las comunidades ingresen el 5 % del IVA generado por las pymes en su propio territorio. Con este mecanismo, Hacienda busca reforzar el vínculo entre la actividad económica local y los recursos autonómicos, incentivando también el apoyo a pequeñas y medianas empresas.

El Ministerio ha defendido durante el proceso que ninguna comunidad recibirá menos recursos con el nuevo sistema respecto al actual. También ha ofrecido a las autonomías la opción de renunciar al sistema vigente de entregas a cuenta para pasar a recibir los ingresos en tiempo real, lo que, según Hacienda, permitiría una planificación más ajustada a la recaudación efectiva.