La Abogacía General de la Generalitat ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que avalaron las delegaciones de competencias aprobadas por el Consell del Botànic en julio de 2023, cuando ya estaba en funciones, y que comprometieron actuaciones valoradas en unos 65 millones de euros.
El TSJ valenciano rechazó el pasado mes de julio los recursos interpuestos por la propia Generalitat para declarar lesivas esas delegaciones, al considerar que podían encuadrarse dentro del denominado despacho ordinario de asuntos de un gobierno en funciones. Por ese motivo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó la petición de anularlas.
Según ha informado la Generalitat en una nota, el actual Consell ha optado ahora por acudir al Alto Tribunal para intentar obtener un criterio definitivo sobre el alcance de las decisiones que puede adoptar un ejecutivo autonómico cuando ya ha cesado y solo se mantiene en funciones.
Debate sobre el alcance de un gobierno en funciones
La Generalitat sostiene que las delegaciones cuestionadas se aprobaron en julio de 2023, después de las elecciones autonómicas y con el Consell del Botànic ya en funciones. Esas decisiones habrían comprometido, según recalca, actuaciones por alrededor de 65 millones de euros a favor de distintos ayuntamientos.
Los fondos se destinaron a trabajos de reforma y mantenimiento de centros educativos dentro del Plan Edificant. Se trata de actuaciones con compromisos de gasto e inversiones plurianuales, con cargo a ejercicios presupuestarios posteriores a la etapa del gobierno que las aprobó.
Tras estudiar las resoluciones judiciales del TSJ valenciano, los informes de la Abogacía de la Generalitat avalan, según indica el Ejecutivo autonómico, que los recursos de lesividad presentados en su día no respondieron a motivaciones partidistas. A su juicio, se dirigían a clarificar los límites de actuación de un gobierno en funciones cuando adopta decisiones que afectan a varios ejercicios.
En esa línea, la Generalitat afirma que uno de los deberes básicos de cualquier administración es ‘velar por la correcta utilización de los recursos públicos y fiscalizar aquellos procedimientos que se consideren susceptibles de afectar a los intereses generales de la Administración’. Subraya que esta revisión se orienta precisamente a ese objetivo de control.
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades incide en que el debate abierto por estos recursos trasciende el plano político. Asegura que responde a ‘una cuestión de interés general‘ vinculada al funcionamiento institucional de las administraciones públicas y, en particular, a la forma de actuar de un gobierno dimisionario.
La Conselleria considera necesario que el Tribunal Supremo fije doctrina sobre esta materia. Concluye que ‘lo importante en este asunto es determinar dónde empiezan y dónde terminan las competencias de un gobierno que ha cesado y permanece en funciones, así como esclarece hasta qué punto puede adoptar decisiones que comprometan el presupuesto y la capacidad de gestión del ejecutivo entrante durante los ejercicios siguientes’.
