Una veintena de exconsejeros no ejecutivos de Banco de Valencia y Bancaja ha quedado exonerada en el juicio por la operación inmobiliaria Grand Coral en México, después de que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado hayan retirado este martes todas las acusaciones contra ellos.
El procedimiento por Grand Coral se ha originado a partir de una denuncia presentada por Bankia Habitat a finales de 2013. Esa denuncia señalaba varias operaciones de aportación de capital y financiación realizadas por Bancaja entre 2005 y 2009. Según el cálculo inicial de la Fiscalía Anticorrupción, estas operaciones habrían provocado un perjuicio estimado de 750 millones de euros.
En la primera sesión del juicio, que ha comenzado ayer, varios de los principales acusados han reconocido los hechos. Se trata del ex consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, de los empresarios Juan Vicente Ferri Guardiola y José Salvador Baldó Llorens, y del ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo.
Este martes, los cuatro han ratificado ante el tribunal su conformidad con los hechos imputados. Además, han recalcado que la veintena de consejeros no ejecutivos inicialmente sentados en el banquillo no conocía los detalles de las operaciones inmobiliarias investigadas.
A partir de esas manifestaciones, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han decidido retirar sus acusaciones contra esos consejeros no ejecutivos. De este modo, el foco del procedimiento ha quedado centrado en los antiguos directivos y empresarios que sí han asumido su responsabilidad penal.
Detalles de las operaciones bajo sospecha
Durante la vista, Aurelio Izquierdo ha explicado el alcance de la información que recibían los consejeros no ejecutivos. Según su testimonio, la documentación que manejaban esos consejeros ‘era lo que les presentaba el comité de Riesgos’, por lo que no estaban al tanto de las particularidades de las operaciones ni de los préstamos asociados.
Las diligencias de investigación han puesto el foco en varias operaciones inmobiliarias en México. Entre ellas destacan el denominado Proyecto Zacatón y la operación Piedras Bolas. Estas transacciones se han saldado con una plusvalía considerada injustificada de 138,8 millones de dólares.
Esa plusvalía habría sido sufragada por Bancaja y Banco de Valencia. Posteriormente, los fondos se han transferido a cuentas en Andorra. Según la instrucción, esta maniobra podría ser constitutiva de un delito de blanqueo de capitales, extremo que ahora deberá concretarse en la fase final del procedimiento respecto a los acusados que mantienen cargos.
Con la exoneración de los consejeros no ejecutivos, el caso Grand Coral ha reducido de forma notable el número de personas procesadas. El desenlace del juicio será clave para determinar la responsabilidad penal de los exdirectivos y empresarios que han admitido los hechos y para fijar el alcance definitivo del presunto perjuicio económico ocasionado a las entidades bancarias implicadas.
