El cierre de la instrucción judicial del caso Azud ha permitido fijar quiénes son los 38 procesados, cuál ha sido supuestamente su papel en la presunta trama de corrupción urbanística ligada al Ayuntamiento de València y qué delitos les atribuye de forma indiciaria la jueza instructora.
Según el auto, la causa gira en torno a una red de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos, modificaciones urbanísticas y operaciones inmobiliarias, con epicentro en València y ramificaciones en Xixona, Burjassot, Benicasim y otros municipios. La magistrada sitúa en el centro a abogados, empresarios, cargos políticos y técnicos municipales, así como a familiares y sociedades pantalla que habrían servido para canalizar y blanquear los fondos.
El supuesto conseguidor principal y el núcleo familiar de Corbín
1. José María Corbín Navarrete es abogado, administrador único de Corbín Abogados S.L. y cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, al estar casado con María Asunción Barberá, ya fallecida, hermana y jefa de gabinete de la exregidora. La instructora lo considera el principal conseguidor de la trama por, supuestamente, canalizar comisiones de empresas a través de su despacho mediante contratos de servicios jurídicos inexistentes. Gracias a su vínculo familiar, habría accedido de forma directa a la alcaldesa y a altos cargos municipales. Se le imputan de forma indiciaria delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública, tanto en IRPF como en Sociedades.
2. María José Corbín Barberá, hija de José María Corbín y de María Asunción Barberá, habría resultado beneficiaria de parte de esas comisiones ilícitas. Su padre le donó 150.000 euros, que la jueza considera de origen delictivo, para comprar un inmueble en 2015. Se la considera responsable de blanqueo de capitales por receptación y aprovechamiento de bienes de origen ilícito.
3. María Rita Corbín Barberá, también hija del matrimonio Corbín‑Barberá, figura en el auto por haberse beneficiado presuntamente de fondos ilícitos. Adquirió una vivienda a la constructora CLEOP, con una hipoteca sufragada en parte mediante transferencias desde cuentas de Corbín Abogados. Se le atribuye blanqueo de capitales.
4. María Asunción Corbín Barberá, tercera hija, habría recibido igualmente donaciones de 150.000 euros, que destinó a la compra de un inmueble. La instructora entiende que esos fondos procedían de actividades ilícitas. Se le imputa blanqueo de capitales.
Intermediarios y técnicos vinculados a contratos municipales
5. Diego Daniel Elum Macias, abogado y titular de Delum Abogados S.L., aparece como supuesto intermediario del Grupo Acciona. La jueza considera que actuó como enlace entre Acciona y Corbín, firmando contratos presuntamente falsos de asesoría por 2,2 millones de euros, de los que habría transferido el 66 % a Corbín. Se le atribuyen cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales.
6. Juan Carlos Girbes Burguera, jefe de Saneamiento del Servicio Integral de Explotación del Ayuntamiento de València, habría participado, junto a otros técnicos, en la valoración técnica del concurso de saneamiento. Según el auto, otorgó 61 puntos a Acciona frente a 45 de la segunda mejor oferta sin una motivación objetiva acreditada. Se le imputan prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
7. Juan Bautista Calatayud Ferrer, jefe del Servicio del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento, es considerado responsable de los mismos hechos que Girbes. La instructora sostiene que participó en el informe técnico que justificó la adjudicación a la UTE de Acciona mediante puntuaciones arbitrarias. Se enfrenta a cargos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
El supuesto cerebro político y su entorno
8. Alfonso Grau Alonso, vicealcalde de València entre 1995 y 2015, concejal de Economía y Grandes Proyectos y presidente de AUMSA, figura como presunto cerebro político de la trama. El auto le atribuye el control de departamentos municipales, el amaño de concursos, la modificación de planeamientos y la firma de escrituras de transmisión de parcelas a dedo. La instructora ha concluido que recibió en metálico al menos 1,2 millones de euros solo en la llamada operación Colegios, cantidad que habría blanqueado mediante cuentas en Estados Unidos, cajas de seguridad y sociedades pantalla como Edificio Familia 3000. Se le imputan cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.
9. Jorge Bellver Casaña, concejal de Urbanismo, Vivienda y Calidad Urbana del Ayuntamiento de València entre 1995 y 2012, miembro del consejo de AUMSA, exdiputado autonómico y ex director general de Transparencia del Consell, está acusado de presentar mociones para modificar el PGOU a medida del empresario Jaime María Febrer. Según la jueza, habría filtrado información, facilitado la manipulación de pliegos y recibido regalos de lujo, como relojes valorados en más de 2.000 euros, además de lotería. Se le atribuyen prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
10. Sofía Grau González, hija de Alfonso Grau y administradora única de Edificio Familia 3000 S.L., sin actividad laboral conocida, figura como instrumento de blanqueo. Fue titular formal de cajas de seguridad, cuentas y de la sociedad familiar, cuya firma utilizaba su padre para ocultar dinero. La instructora destaca que intentó abrir una cuenta en Francia con su progenitor utilizando documentación falsa. Se le imputan blanqueo de capitales y falsedad documental.
11. María Ángeles Grau, también hija de Grau, reside en Estados Unidos y está casada con Kent Baker. Fue titular, junto a su marido, de una cuenta en JP Morgan Chase (Wisconsin) donde se ingresaron presuntas comisiones, entre ellas 210.000 euros procedentes de la sociedad panameña Edimboro. También figuraba como autorizada en cajas de seguridad y cuentas en España. Se le atribuye blanqueo de capitales.
12. Kent Lawrence Baker, yerno de Alfonso Grau y ciudadano estadounidense, fue cotitular de esa cuenta en Estados Unidos que recibió transferencias desde Suiza y Panamá. El sumario recoge que alquiló y vació almacenes en Estados Unidos entre 2020 y 2023, coincidiendo con la detención de su suegro. Se le imputa blanqueo de capitales.
El empresario Febrer y su red societaria
13. Jaime María Febrer Rovira, empresario y propietario del Grupo Axis, que integra Construcciones Valencia Constitución S.L. y decenas de sociedades, aparece en el centro empresarial de la trama como presunto pagador y diseñador de las operaciones urbanísticas investigadas. Según la jueza, pactó comisiones con Grau y Corbín, creó una estructura paralela para generar dinero en efectivo y financió campañas electorales tanto de la alcaldesa del PP de Xixona (Alicante) como del PSPV‑PSOE. Se enfrenta a delitos de cohecho activo, tráfico de influencias, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
14. José Luis Vera Llorens, abogado y administrador de Vera Llorens S.L.U., con vínculos con el PSOE, es considerado uno de los conseguidores en instituciones gobernadas por este partido e intermediario para obtener recursos hídricos de la empresa estatal Acuamed para el PAI de El Espartal de Xixona. Supuestamente cobró más de un millón de euros en comisiones mediante contratos falsos de reestructuración y asesoría y participó en operaciones inmobiliarias en Burjassot y Benicasim. Se le imputan cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.
15. Mónica Montoro Soriano, consejera de Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI) y de Grupo Nueva Esfera S.L. e hija de Miguel Montoro, habría diseñado la tabla de costes de la operación Colegios, donde se reflejaban las comisiones. También habría intervenido en la selección de parcelas, en la contratación de tasaciones a medida con Tinsa y en la ocultación del pago de comisiones a cargos públicos. Se le atribuyen cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y falsedad documental.
16. Federico Ferrando Giner, socio de Febrer, representante de Gesfesa Valencia S.L. y consejero de MAI, habría participado en todas las operaciones del Grupo Axis. Según el auto, firmó escrituras y contratos simulados y tomó parte en el reparto de comisiones de la operación Colegios. Se le imputan cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
17. Joaquín Pastor Rico, administrador de Crema Dos S.L., Meco Asesores y otras sociedades consideradas pantalla, habría ejercido como responsable de la estructura de generación de efectivo. La jueza sostiene que ideó contratos ficticios para extraer dinero en metálico de una sucursal de Bancaja en Alicante y que generó más de 5,7 millones de euros para pagar comisiones. También habría participado en la defraudación fiscal de Crema Dos, cifrada en 1,06 millones en Sociedades. Se le atribuyen blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y organización criminal.
18. María Elena Rico Samper, esposa de Joaquín Pastor Rico y autorizada en cuentas de Crema Dos, habría facilitado operaciones bancarias y retiradas de efectivo. Se enfrenta a un delito de blanqueo de capitales.
19. Joan Navarro Martínez, director de Relaciones Institucionales de la empresa estatal Acuamed, habría intermediado para que esta firmara un acuerdo de intenciones con el Ayuntamiento de Xixona para suministrar agua al PAI El Espartal. También se sospecha que negoció directamente con Febrer y Vera Llorens y que facilitó información sobre licitaciones de Acuamed. Se le imputan tráfico de influencias y cohecho.
20. Rosa María Verdú Ramos, alcaldesa de Xixona por el PP, habría exigido a Febrer que incluyera sus terrenos y los de su familia en el PAI El Espartal a cambio de facilitar la tramitación. Según el auto, pudo recibir un sobreprecio por sus fincas, pagadas a 18 euros por metro cuadrado frente a los 3 euros del mercado, y Febrer habría financiado su campaña electoral con 87.204 euros. Se le atribuyen cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
21. Francisco Domenech Asensi, concejal del Ayuntamiento de Xixona, habría actuado junto a la alcaldesa para lograr la inclusión de terrenos de su familia, a través de Invemi S.A., en el PAI con sobreprecio y se habría beneficiado de la venta de sus fincas a Espacios Urbanos de Jijona. Se le imputan cohecho y prevaricación.
22. Esmeralda Orero Pardo, jefa del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de València, habría facilitado a Febrer la lista de parcelas municipales disponibles para la operación Colegios y remitido al Servicio de Planeamiento las tasaciones de Tinsa sin encargo formal. Por esta labor, también habría recibido regalos de lujo, como bolsos de la marca Loewe. Se le atribuyen prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
La rama socialista y el papel de Rubio
23. Rafael Rubio Martínez, que fue portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València y subdelegado del Gobierno, aparece como conseguidor político en el ámbito socialista. La investigación considera que recibió 300.000 euros en comisiones por no fiscalizar la operación Colegios y por silenciar sus presuntas irregularidades contables. Según el auto, esos fondos se blanquearon mediante 77 ingresos fraccionados en efectivo, por un total de 197.256 euros, en sus cuentas y a través del alquiler de cajas de seguridad. Se le imputan cohecho, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.
24. María Amelia Quintana Trenor, funcionaria del Ayuntamiento y esposa de Rafael Rubio, figura como cotitular de las cuentas donde se ingresaban en efectivo las comisiones y autorizada en cajas de seguridad. Se le atribuye blanqueo de capitales.
25. Carmen Saurí Rodrigo, jefa del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento, habría intervenido en la modificación de las bases del concurso para el hospital universitario y emitido informes favorables para construir dos plantas técnicas que beneficiaban a la UTE de Febrer. Además, habría seguido instrucciones de Grau para desestimar recursos de empresas competidoras. Se le imputan prevaricación y tráfico de influencias.
Otros empresarios y sociedades pantalla
26. Salvador Grané Terradas, consejero de Rayet Promoción S.L. y apoderado de Landscape Promocions, vinculado a Astroc, es considerado responsable de un contrato simulado entre Astroc y Crema Dos S.L. para desviar fondos y pagar comisiones. Se le atribuyen blanqueo de capitales y falsedad documental.
27. Francisco Antonio Gigante Madrigal, administrador de Madrigal Subcontratas S.L., Focogins S.L. y Encon 96 S.L. y padre de Francisco José y David Gigante, habría utilizado sus empresas para simular gastos y justificar retiradas de efectivo. También pudo declarar operaciones ficticias ante la Agencia Tributaria. Se le imputan blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública.
28. Francisco José Gigante Navarro, administrador de Gigante Edificaciones y Obras S.L., considerada sociedad pantalla del Grupo Axis, habría recibido fondos de Febrer mediante contratos falsos que luego retiraba en efectivo en una sucursal de Alicante. Se le atribuyen blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública.
29. David Gigante Navarro, administrador de Ginava Construcciones y Obras S.L. y hermano de Francisco José, habría recibido transferencias de Crema Dos para su posterior retirada en efectivo, además de declarar gastos ficticios con otras sociedades pantalla. Se le imputan blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública.
30. Francisco Espinosa García, administrador de Construcciones y Promociones Costa Blanca del Sureste S.L., habría utilizado su sociedad para recibir transferencias de Crema Dos y extraer efectivo. Se le atribuyen blanqueo de capitales y falsedad documental.
31. Salvador Sánchez Matamoros, administrador de Alicante Boulevard S.L., habría firmado contratos de opción de compra simulados con Febrer para generar dinero en metálico. Se le imputan blanqueo de capitales y falsedad documental.
32. Arturo Javier Seijo Ramírez, administrador de Foyc Levante y Res Opum S.L., habría empleado sus empresas para simular gastos y justificar retiradas de efectivo. Se le atribuyen blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública.
33. Marcelino Alfaro San Andrés, propietario y administrador del Grupo Cinal, integrado por Cinal Inversiones, Ingsoma 2 y Servicios Integrales del Territorio, habría abonado más de 202.000 euros a Corbín Abogados a cambio de adjudicaciones del Ayuntamiento de València y firmado contratos falsos. Se le imputan cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental.
34. Carlos Turro Homedes, presidente y consejero delegado del Grupo Cleop (Compañía Levantina de Edificaciones y Obras Públicas), habría pagado 407.000 euros a Corbín en concepto de comisiones ilícitas. El sumario recoge que se quejaba de que Corbín era ‘un pesado’ con los recordatorios de pago. Se le atribuyen cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental.
35. Alejandro Serra Nogués, administrador solidario de Servicleop S.L. y consejero delegado de Cleop, gestionaba junto a Turró los pagos a Corbín, según la investigación. Se le imputan cohecho y blanqueo de capitales.
36. Manuel Setien Zuriaga, delegado mancomunado de Acinelav Inversiones 2006 S.L., socia del Grupo Axis en el proyecto del Grao, habría firmado contratos con la empresa de Febrer para canalizar pagos a Corbín y participado en el entramado de Acinelav para obtener beneficios urbanísticos. Se le atribuyen cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
37. Vicente Prieto Año, perteneciente al Grupo Secopsa y vinculado a Saprico S.L. y Edificaciones Prieto S.L., habría abonado 348.000 euros a Corbín entre 2007 y 2008 con el falso concepto de asesoramiento por la venta de viviendas en Berlín, sin que conste trabajo alguno. Se le imputan cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental.
38. Sergio Faustino Gramaje Revert, miembro del consejo de administración de Astroc Mediterráneo S.A., socia de MAI, habría conocido y aprobado la operación Colegios, así como el pago adicional de 3,6 millones de euros a congregaciones religiosas, y participado en la decisión de utilizar a Crema Dos para desviar fondos. Se le atribuyen cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación.
La causa pasa ahora a fase de enjuiciamiento, en la que se determinará si las conductas descritas constituyen finalmente delito y qué responsabilidad penal corresponde a cada uno de los procesados, siempre bajo la presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme.
