El juicio por la operación inmobiliaria Grand Coral vinculada a Banco de Valencia y Bancaja ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional con acuerdos de conformidad de varios de los principales acusados, entre ellos el exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y los empresarios Juan Vicente Ferri Guardiola y José Salvador Baldó Llorens, por una operación en México que ha causado un perjuicio estimado de 750 millones de euros.
A la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares han acudido la mayoría de los 48 acusados. La Fiscalía Anticorrupción atribuía inicialmente a muchos de ellos delitos de apropiación indebida y blanqueo, en el marco del proyecto Grand Coral desarrollado en la Riviera Maya mexicana.
Durante la primera sesión, el ministerio público ha cerrado acuerdos de conformidad con Parra, con los empresarios Ferri Guardiola y Baldó Llorens, propietarios de la cadena Sandos, y con el ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo. Estos pactos suponen un giro relevante en la vista oral, al despejar la posición procesal de las principales figuras del caso.
Además, por dilaciones indebidas en la instrucción, la Fiscalía ha retirado los cargos contra otros cuatro acusados. De este modo, el número efectivo de procesados que seguirán el juicio se ha reducido desde el inicio de la vista.
Origen de la causa y alcance económico
La investigación del caso Grand Coral se inició a finales de 2013, tras una denuncia presentada por Bankia Habitat. La sociedad inmobiliaria del grupo Bankia alertó de diversas operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja realizadas entre 2005 y 2009.
Según esa denuncia, dichas operaciones pudieron ocasionar un ‘menoscabo patrimonial’ relevante para las entidades implicadas, que se vieron obligadas a provisionar ‘una parte muy importante’ de los préstamos concedidos al grupo promotor del proyecto mexicano.
La instrucción judicial comenzó en 2015 y desembocó en un auto de procesamiento dictado en 2018. En este auto se atribuían a los procesados presuntos delitos de administración desleal y blanqueo de capitales.
El juez consideró entonces que la actuación de los responsables de Banco de Valencia y Bancaja había causado un perjuicio aproximado de 750 millones de euros. Esa cifra coincide con el 100 % de la inversión y la financiación concedida a la operación Grand Coral.
Según el auto, los administradores de las entidades, en su condición de ‘financiadores’, habrían favorecido económicamente de forma sistemática e injustificada a Ferri y Baldó. Ambos actuaban como promotores de un proyecto turístico que exigió inversiones muy diversas y de ‘enorme magnitud económica’ en México.
Entre las operaciones más relevantes figura el denominado Proyecto Zacatón y Piedras Bolas. Esta actuación se saldó con una plusvalía considerada injustificada de 138,8 millones de dólares, sufragada por Bancaja y Banco de Valencia.
Esas plusvalías se transfirieron posteriormente a cuentas en Andorra, en una maniobra que la investigación ha considerado potencialmente constitutiva de blanqueo de capitales.
Esquema societario y desvío de fondos
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado que se indemnice a Bankia, actualmente integrada en CaixaBank, con 156,5 millones de euros. Esta cantidad se vincula a una parte del perjuicio económico atribuido a las operaciones de Grand Coral.
El ministerio público detalla en ese documento el presunto modus operandi de la trama. Según la acusación, Juan Poch localizaba en México terrenos con potencial urbanístico y concertaba opciones o promesas de compraventa a precios reducidos.
Posteriormente, Poch vendía esos derechos de compra o participaciones al Grupo Grand Coral con precios muy inflados. Para ello, se utilizaban comisiones de gestión ficticias, opciones de compra y primas de emisión, lo que incrementaba artificialmente el valor de las operaciones.
Para articular este esquema, siempre según la Fiscalía, se creó un entramado de sociedades matriz en Holanda. Entre ellas figuraban Sugar Toys/Riviera Maya Investments BV, Portuna BV, Varamitra e Inquam Denmark BV, que controlaban las filiales operativas mexicanas.
Además, para canalizar el desvío y reparto de plusvalías ilícitas, se usaron cuentas y sociedades en varios territorios. La acusación menciona estructuras en Suiza, Panamá, Andorra, a través de entidades como Andbank y BPA, y la isla de Anguilla.
De este modo, Bancaja y Banco de Valencia habrían actuado de facto como socios capitalistas del Grupo Grand Coral. Según la acusación, asumieron todo el riesgo financiero mediante créditos considerados abusivos.
La Fiscalía sostiene que se concedieron préstamos sin tasaciones reales suficientes, así como créditos de libre disposición que permitían al grupo promotor pagar sus propios intereses. También denuncia un sobreprecio relevante en la compra de los activos inmobiliarios.
El escrito sitúa el quebranto patrimonial y económico para Bancaja y Banco de Valencia en el 100 % de la inversión y la financiación otorgada. Esta cantidad se estima de forma global en unos 750 millones de euros.
Los préstamos concedidos al Grupo Grand Coral superaron, en total, los 1.768 millones de dólares estadounidenses. Para la acusación, estas cifras reflejan la dimensión financiera del caso que ahora ha llegado a juicio.
