El Gobierno central ha empezado a estudiar un posible recurso ante el Tribunal Constitucional contra varios puntos de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2026, especialmente los que cambian las funciones de la inspección educativa en la Comunitat Valenciana para vigilar la neutralidad ideológica y perseguir el supuesto adoctrinamiento en las aulas.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que la decisión se ha puesto sobre la mesa tras una reunión con sindicatos de docentes, directores de centros y asociaciones de inspectores. Según ha indicado, estos colectivos han pedido al Ejecutivo central ‘amparo al Gobierno frente a las políticas restrictivas y de indefensión de la Generalitat’.
Bernabé ha advertido de que las modificaciones de la ley afectan directamente al trabajo diario del profesorado, a la educación del alumnado y a valores constitucionales como la igualdad, el respeto, la convivencia o la libertad. A su juicio, estas medidas ya están provocando ‘una autocensura’ entre muchos docentes.
Inseguridad jurídica y antecedentes en 2025
La delegada ha vinculado esta autocensura al hecho de que el Consell se ha ‘preocupado mucho’ por introducir ‘cierta ambigüedad en la ley’ sobre qué se considera ‘un adoctrinamiento ideológico’. A partir de esa redacción, ha señalado, la inspección educativa se encuentra en una situación de ‘mucha inseguridad jurídica‘ a la hora de valorar la actuación del profesorado.
Bernabé ha recordado que la Generalitat ya presentó una modificación previa en la ley de Acompañamiento de 2025. En ese momento, ha dicho, el cambio ‘cercenaba la libertad educativa de los profesores‘ en materias de coeducación y políticas LGTBi. Esa reforma se encuentra actualmente suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional.
Según la delegada, la nueva redacción incluida ahora en la ley de Acompañamiento de 2026 supone ‘una aprobación más genérica para sortear la norma y al Tribunal Constitucional, pero que busca lo mismo: sembrar el miedo entre los profesores y profesoras, que tienen como derecho fundamental de su profesión la libertad de cátedra’.
Bernabé ha confirmado que el Gobierno está analizando en detalle varios artículos de la ley autonómica, al considerar que pueden chocar con leyes orgánicas estatales de rango superior. Para ello, ha anunciado la convocatoria de una comisión bilateral con la Generalitat, aunque no ha descartado recurrir directamente al Tribunal Constitucional algunos de esos preceptos si no hay acuerdo.
Críticas sindicales al nuevo modelo de inspección
Desde STEPV, el coordinador de Acción Sindical, Marc Candela, ha valorado positivamente que la Delegación del Gobierno y la Alta Inspección Educativa ‘estén tomando medidas para defender al profesorado ante los ataques por parte de la Generalitat, que ponen al profesorado bajo sospecha y crea una policía’ bajo ‘la falsa premisa de que nos dedicamos a adoctrinar’.
Candela ha avanzado que el sindicato prepara nuevas movilizaciones en la calle que se anunciarán próximamente. El objetivo, ha dicho, es mantener la presión para lograr mejoras en los asuntos que quedaron pendientes tras la huelga educativa y forzar la retirada del artículo de la ley de Acompañamiento que reforma las funciones de la inspección.
Por parte de UGT, Kilian Cuerda ha calificado la reunión de ‘muy constructiva’, porque han percibido ‘una postura muy solvente y seria‘ por parte de la Delegación del Gobierno. En cambio, ha acusado a la Generalitat de actuar ‘de una forma infame, propia de regímenes autoritarios y fascistoides’.
A su juicio, el Consell ‘pretende deliberadamente que el profesorado se autocensure y ponernos una diana encima para que cualquier intolerante pueda acosar al profesorado’. Ha advertido, además, de que no van a aceptar que el personal docente ‘dé clase con miedo’.
Desde CCOO, Cristina Sánchez también ha celebrado el encuentro y ha reiterado que el sindicato va a defender los derechos laborales del profesorado. Ha subrayado que trabajarán para que la normativa autonómica no limite la autonomía de los centros ni la libertad de cátedra, y para que los cambios en la inspección no perjudiquen a la calidad de la educación en la Comunitat Valenciana.
