UGT Serveis Públics PV ha denunciado ante la Alta Inspección Educativa del Estado el cambio de funciones de la inspección educativa valenciana, que el sindicato considera un intento del Consell de implantar una ‘policía del pensamiento’ en los centros de la Comunitat Valenciana.
El sindicato ha explicado que ha registrado el escrito de denuncia en la Delegación del Gobierno en València, dirigido a la Alta Inspección de Educación del Estado en la Comunitat Valenciana. Este órgano tiene asignada la función de vigilar el respeto a los valores y derechos constitucionales en la educación, la correcta aplicación del currículum y la protección de los derechos educativos de la ciudadanía.
Según detalla UGT en ese documento, el origen del conflicto está en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat. En esa norma, el gobierno autonómico ha incorporado nuevas funciones a la inspección educativa autonómica, entre ellas la de velar por una supuesta neutralidad ideológica y luchar contra el adoctrinamiento en los centros.
Para UGT, esta modificación ‘supone una clara vulneración de la normativa estatal y de derechos constitucionales como la libertad de cátedra’. El sindicato subraya que la Ley Orgánica de Educación atribuye tareas de supervisión y control a la inspección, pero siempre basadas en criterios educativos y pedagógicos, y no en criterios políticos o ideológicos.
Críticas a la neutralidad ideológica que fija el Consell
En su denuncia, UGT sostiene que el nuevo encargo del Consell a la inspección educativa ‘supone dar una orden directa a la inspección de actuar por criterios y motivaciones políticas, de forma ambigua y oscura’. A juicio del sindicato, esa redacción abre la puerta a actuaciones discrecionales.
El sindicato alerta de que esta reorientación de funciones ‘abre la puerta a perseguir la libre expresión de pensamiento y sabotear la educación en valores democráticos, de tolerancia e igualdad de género y pensamiento crítico que consagra en currículum la legislación estatal’. Considera, por tanto, que se pone en riesgo el desarrollo de los contenidos en materia de derechos humanos e igualdad en las aulas.
UGT también advierte de que este cambio ‘supone un descrédito y sospecha pública contra el profesorado’. Según remarca, se sitúa al personal docente ‘en el punto de mira de problemas inexistentes e irreales’ con el objetivo de ‘incitar la denuncia y persecución de los sectores más intolerantes’.
El sindicato recuerda en su escrito que el ejercicio de la censura previa, o la retirada y censura de libros y otros materiales por parte de un funcionario público, constituye un delito sancionable según el artículo 538 del Código Penal. Añade que prácticas de este tipo suponen, además, un atentado a las libertades y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Ante este escenario, UGT Serveis Públics PV solicita de forma expresa el amparo y la protección de la Alta Inspección del Estado. Reclama que este órgano intervenga de oficio y de manera inmediata para pedir explicaciones a la Conselleria de Educación sobre la nueva redacción de las funciones de la inspección autonómica.
En su conclusión, el sindicato afirma que ‘el Consell debe explicar qué fines persigue con esas funciones de policía política y desistir de cualquier acción que suponga censura y persecución a criterio de la opinión política de inspectores o altos cargos de Conselleria’. Con esta actuación, UGT busca que se garantice la libertad de cátedra y la continuidad de una educación basada en valores democráticos y en el respeto a los derechos fundamentales del alumnado y del profesorado en la Comunitat Valenciana.
