El Consell ha aprobado el proyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, una norma que plantea importantes cambios en la tramitación urbanística. Entre sus principales novedades figura la creación de una licencia básica para poder avanzar antes en determinados proyectos, especialmente los de vivienda, sin esperar a completar toda la documentación técnica.
El texto inicia ahora su tramitación en Les Corts, donde podrá incorporar modificaciones antes de su aprobación definitiva. Si culmina este proceso, sustituirá por completo al actual Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobado en 2021 y modificado en diferentes ocasiones desde entonces.
La propuesta busca reducir trámites y cargas administrativas, además de reorganizar una normativa que el Consell considera demasiado compleja tras años de modificaciones. El proyecto mantiene, al mismo tiempo, las exigencias de protección territorial y medioambiental y redefine distintos instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.
La vivienda ocupa uno de los principales apartados de la futura regulación. Los nuevos instrumentos públicos de vivienda deberán reservar al menos el 50 % de su edificabilidad residencial a vivienda sometida a algún régimen de protección pública.
Una licencia básica para avanzar los proyectos
Uno de los cambios más relevantes afecta a las licencias urbanísticas. El proyecto delimita qué actuaciones seguirán necesitando licencia y cuáles podrán tramitarse mediante una declaración responsable.
La futura ley incorpora además la denominada licencia básica o de parámetros esenciales. Esta figura permitirá a la Administración revisar inicialmente los aspectos urbanísticos fundamentales de un proyecto. Una vez superado este control, la tramitación podrá seguir avanzando sin esperar a que esté completada toda la documentación técnica posterior.
La medida tendrá especial incidencia en los proyectos residenciales y busca reducir los tiempos previos al desarrollo de las actuaciones. La regulación pretende también aportar mayor seguridad a promotores, ciudadanos y administraciones locales sobre los requisitos que deben cumplirse en cada procedimiento.
La nueva normativa fija, con carácter general, un plazo máximo de seis meses para el control ordinario posterior de las declaraciones responsables. De esta forma se establece un periodo definido para que la Administración compruebe las actuaciones que hayan comenzado mediante este procedimiento.
Otro de los objetivos pasa por facilitar el urbanismo en las localidades con menor población. Los municipios de menos de 1.000 habitantes y aquellos declarados en riesgo de despoblación podrán acogerse a un modelo de planeamiento simplificado, adaptado a su tamaño y necesidades.
La medida se enmarca en las políticas dirigidas al medio rural y pretende evitar que pequeños ayuntamientos tengan que asumir procedimientos urbanísticos diseñados para municipios de mucha mayor dimensión.
Cambios en los planes generales y la gestión del suelo
La futura ley reorganiza también el planeamiento municipal. El plan general pasará a centrarse en la ordenación estructural del municipio y tendrá un carácter principalmente directivo. La ordenación más detallada quedará en manos de instrumentos de desarrollo como el plan pormenorizado, el plan parcial o, cuando corresponda, el plan de reforma interior.
El texto mantiene la clasificación del territorio entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. En el caso del suelo urbano, incorpora expresamente como criterio su integración en la malla urbana.
La gestión de las actuaciones integradas podrá desarrollarse mediante distintos sistemas: gestión por los propietarios, cooperación, agente urbanizador o expropiación. La norma regula también las actuaciones en suelo urbano fuera de unidades de ejecución.
En este ámbito aparecen las denominadas actuaciones de dotación. Estas permitirán autorizar determinados incrementos de edificabilidad o cambios de uso en suelo urbano sin necesidad de delimitar una unidad de ejecución. Su aplicación quedará condicionada a que las redes públicas sean suficientes o puedan reforzarse.
La norma mantiene además instrumentos territoriales de ámbito supramunicipal, entre ellos la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los planes de acción territorial. También contempla los Proyectos de Interés Autonómico para actuaciones consideradas de especial relevancia territorial, económica o social.
La actividad de edificación y rehabilitación contará con una regulación específica que incluirá los mecanismos de intervención administrativa, las entidades colaboradoras urbanísticas, las parcelaciones y las actuaciones de regeneración y renovación urbana. También abordará el deber de edificar o rehabilitar y las situaciones legales de ruina.
En materia de disciplina urbanística, la futura ley mantiene las potestades de inspección, restauración de la legalidad y sanción. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio tendrá un papel específico en la coordinación con los municipios, la lucha contra las edificaciones ilegales y la recuperación del territorio afectado.
El proyecto establece finalmente un periodo transitorio para evitar que el cambio normativo paralice el planeamiento existente. Los planes generales actualmente vigentes podrán continuar aplicándose mientras sus determinaciones no sean incompatibles con la futura ley. Los municipios dispondrán también de un procedimiento simplificado para acometer una adaptación global.
Determinados preceptos y anexos del actual TRLOTUP seguirán aplicándose provisionalmente con rango reglamentario, siempre que no contradigan la nueva normativa, hasta que se apruebe su correspondiente desarrollo reglamentario.
