Miembros de numerosos tribunales de las oposiciones docentes celebradas en 2025 en la Comunitat Valenciana han denunciado que llevan más de 420 días sin cobrar por su trabajo obligatorio, una situación que en muchos casos supone más de 3.000 euros pendientes y que ha llevado al colectivo a anunciar que trasladará su queja al Síndic de Greuges.
Según han explicado en un comunicado difundido por Assemblees Docents PV, la Conselleria de Educación no ha efectuado ningún pago durante los meses de agosto y septiembre, pese a que las tareas extraordinarias realizadas por los tribunales se desarrollaron entre mayo, junio y julio de 2025.
Los docentes sostienen que la Conselleria de Educación sigue sin abonar las cantidades comprometidas por una labor que califican de extraordinaria y obligatoria, y que se ha prolongado durante meses. Consideran que la situación es ‘insostenible’ y que ‘incumple’ las obligaciones de la administración con el personal que ha participado en el proceso selectivo.
Queja formal ante el Síndic de Greuges
Ante la falta de respuesta efectiva, los integrantes de los tribunales han decidido elevar formalmente sus reclamaciones al Síndic de Greuges. Su objetivo es dejar constancia de la situación y exigir una solución al impago, que se arrastra desde hace más de un año y afecta a tribunales de diferentes especialidades en toda la Comunitat Valenciana.
El colectivo subraya que la Conselleria sí ha aplicado los descuentos correspondientes a los días de huelga ejercidos durante los meses de mayo, junio y julio pasados, pero ‘sigue sin abonar el trabajo obligatorio realizado en las oposiciones de 2025′. Esta circunstancia ha incrementado el malestar entre los afectados, que consideran que se les está tratando de forma injusta.
Los docentes apuntan directamente a los departamentos responsables de Hacienda y a la propia Conselleria de Educación. Les atribuyen la responsabilidad de la situación y aseguran que, desde el inicio del proceso, reciben ‘todo tipo de excusas que no corresponden y se está desentendiendo de esta situación’. A su juicio, la administración ha ido posponiendo una solución clara al problema.
En muchos casos, señalan, las cantidades pendientes superan los 3.000 euros por persona. Recuerdan que ese dinero no solo compensa las horas de dedicación extraordinaria, sino que también permitiría recuperar parte de los gastos que muchos docentes han adelantado para cubrir dietas y desplazamientos durante el desempeño de sus funciones en los tribunales.
Participación obligatoria y carga de trabajo
Los afectados recuerdan que los tribunales están formados por funcionarios y funcionarias de carrera, designados por la Conselleria de Educación en función de su especialidad. Su participación en estos tribunales es obligatoria, ya que la administración les requiere para poder desarrollar el proceso selectivo y garantizar su correcto funcionamiento.
Además, explican que estas funciones se suman a su jornada laboral habitual en los centros educativos. ‘Además de cumplir con tu jornada laboral, tenías que dedicar prácticamente otra jornada completa a corregir exámenes y realizar todas las tareas relacionadas con el proceso de selección’, relatan.
Según indican, muchos miembros de tribunales han llegado a trabajar ‘más de doce horas diarias durante muchos días’ para poder cumplir los plazos establecidos por la propia Conselleria. Esta carga de trabajo se prolongó en el tiempo, ya que incluía la corrección de pruebas, la elaboración de actas y la asistencia a reuniones de coordinación.
El colectivo recuerda también que la celebración de estas oposiciones estuvo en riesgo debido a una convocatoria de huelga previa. Según explican, en un primer momento la Conselleria de Educación no contemplaba remunerar esta carga extraordinaria de trabajo. Sin embargo, tras las negociaciones mantenidas con el comité de huelga se logró el compromiso de compensar económicamente tanto a los tribunales de las oposiciones docentes de 2025 como a los de las oposiciones de maestros celebradas en 2024.
Los docentes subrayan ahora que ese compromiso sigue sin materializarse en forma de pagos efectivos. Consideran que la prolongación del retraso, sumada al esfuerzo y a la obligatoriedad de su participación, ha generado un clima de desconfianza hacia la administración y una sensación de abandono entre quienes han asumido estas responsabilidades en los tribunales.
