El Consell ha dado su respaldo a la tramitación de una nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana que plantea reducir los trámites para propietarios de terrenos forestales. Entre los principales cambios figura la posibilidad de realizar determinadas talas selectivas en parcelas privadas mediante una declaración responsable, sin necesidad de solicitar previamente una autorización.
La propuesta también elimina cualquier permiso o trámite para labores como la recogida de leña en los supuestos contemplados por la futura normativa. El cambio forma parte de una revisión más amplia del marco forestal valenciano, que actualmente descansa sobre la Ley 3/1993 y sus sucesivas modificaciones.
El Ejecutivo valenciano ha acordado trasladar a Les Corts su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. El texto pretende adaptar la regulación a los cambios ambientales, territoriales y socioeconómicos registrados durante las últimas tres décadas y reducir la dispersión normativa existente.
Menos trámites para los aprovechamientos forestales
La simplificación administrativa afecta también a la explotación del corcho. Actualmente, un propietario que quiera realizar este aprovechamiento en su parcela puede necesitar un Plan Técnico de Gestión Forestal Simplificado. Con la regulación planteada, la actuación podría recibir autorización sin necesidad de redactar previamente ese plan.
La proposición también refuerza el reconocimiento de la ganadería extensiva como actividad vinculada al mantenimiento del territorio forestal. Este papel ya se ha incorporado en medidas como las ayudas destinadas a ganaderos que contribuyen a conservar determinadas áreas forestales, entre ellas los cortafuegos.
El texto busca compatibilizar la protección de los montes y de la biodiversidad con una gestión más activa del territorio. También pretende recuperar y poner en valor usos tradicionales vinculados al medio rural que contribuyen al mantenimiento del paisaje y de los ecosistemas.
Otro de los cambios relevantes consiste en impulsar mecanismos de compensación económica para propietarios privados que desarrollen tareas de mantenimiento y gestión forestal. La propuesta avanza hacia un modelo de pago por servicios ambientales que reconozca los beneficios que estas actuaciones generan para el conjunto de la sociedad.
Entre esos servicios se encuentran la captura de carbono, la regulación de los recursos hídricos, la conservación de la biodiversidad y las actuaciones que contribuyen a prevenir incendios forestales. El objetivo planteado es que los propietarios que gestionen de forma sostenible sus parcelas puedan obtener una compensación por esa labor.
Más capacidad para los ayuntamientos
La futura regulación contempla además nuevas fórmulas de colaboración entre las administraciones y el sector privado. Empresas y organizaciones podrán participar en la financiación de actuaciones forestales, iniciativas de responsabilidad social corporativa y proyectos relacionados con la valorización de los servicios que prestan los ecosistemas.
Los ayuntamientos también tendrán un mayor papel en este ámbito. La proposición plantea facilitar que los municipios impulsen directamente actuaciones de gestión forestal sostenible y trabajos destinados a prevenir incendios dentro de sus respectivos términos municipales.
La iniciativa busca, además, actualizar de forma integral una legislación forestal que acumula más de tres décadas de vigencia y que ha experimentado numerosas modificaciones para adaptarse, entre otros cambios, a la normativa básica estatal en materia de montes.
La proposición de Ley Forestal inició su tramitación parlamentaria esta semana y seguirá el procedimiento de urgencia. El criterio favorable acordado por el Consell permite continuar ahora su recorrido en Les Corts, donde el texto deberá superar las distintas fases parlamentarias antes de convertirse en ley.
