La Generalitat ha aprobado una modificación presupuestaria para habilitar 800.000 euros con los que financiar las retribuciones de diez nuevas plazas del cuerpo de inspectores de educación en la Comunitat Valenciana, ante el aumento de carga de trabajo y de centros, alumnado y profesorado.
Según recoge el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el acuerdo del Consell, con fecha del pasado viernes, ha autorizado esta reordenación de crédito para reforzar la Inspección Educativa, que ya venía registrando un incremento progresivo de actuaciones y funciones.
El Consell ha explicado en el acuerdo que el crecimiento del número de centros educativos, del alumnado matriculado y del profesorado ha derivado en más intervenciones de la Inspección Educativa. Esto, subraya el texto, ha supuesto ‘un aumento significativo de la carga de trabajo‘ para este servicio autonómico.
Como consecuencia directa de esta situación, la actual plantilla de inspectores ‘resulta insuficiente’ para atender todas las necesidades detectadas en el sistema educativo valenciano. Por ello, el Gobierno valenciano ha decidido reforzar este cuerpo con diez nuevos puestos específicos de inspector de educación.
Más inspectores para supervisar el sistema educativo
En la propia resolución, el Consell detalla que la medida busca garantizar ‘el adecuado ejercicio de las funciones de supervisión, evaluación, asesoramiento y control’ que tiene encomendadas la Inspección Educativa sobre los centros sostenidos con fondos públicos.
La creación de estas diez plazas permitirá distribuir mejor las cargas de trabajo entre los equipos de inspección y mejorar la capacidad de seguimiento de los centros, tanto en etapas obligatorias como postobligatorias. Además, facilitará una atención más cercana y continuada a los equipos directivos y al profesorado.
El acuerdo recuerda que esta ampliación de personal responde también a una obligación presupuestaria ya aprobada. En concreto, da cumplimiento a una enmienda incorporada a los presupuestos de la Generalitat de 2026, en la que se preveía dotar con 800.000 euros el incremento del número de inspectores educativos.
Esa cuantía se había imputado inicialmente al capítulo IV de la sección Gastos diversos, una partida genérica. Ahora, para ajustarse de forma más precisa a la naturaleza del gasto, el Consell ha autorizado una transferencia de crédito para incrementar en 800.000 euros el capítulo de Gastos de personal del programa ‘Administración general de enseñanza y relaciones sindicales’.
Con este cambio contable, la dotación se adecúa a las obligaciones económicas derivadas de la creación de los nuevos puestos, que se integrarán como plazas de personal docente perteneciente al cuerpo de inspectores de educación.
Más funciones para la Inspección Educativa
El acuerdo se enmarca en un contexto de ampliación de las funciones de la Inspección Educativa. La conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat, aprobada por PP y Vox, ha introducido una modificación en la normativa para añadir nuevas tareas a este cuerpo.
En concreto, la ley establece que la Inspección velará ‘por la neutralidad ideológica en los centros educativos, supervisando que las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento’.
Esta nueva redacción refuerza el papel de la Inspección en el control del funcionamiento de los centros y en la revisión de los contenidos y actividades. Además de las funciones tradicionales de supervisión pedagógica, evaluación de la práctica docente y asesoramiento a los equipos directivos, el texto subraya su responsabilidad en materia de neutralidad ideológica.
El refuerzo de la plantilla, con diez plazas adicionales, permitirá afrontar estas funciones ampliadas con más recursos humanos y una mayor presencia en los centros. De este modo, la administración educativa busca responder al crecimiento del sistema y a las nuevas exigencias legales sin sobrecargar todavía más a los inspectores actuales.
