La joven que sufrió abusos sexuales del exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al considerar que la causa por el supuesto encubrimiento de esos hechos lleva siete meses paralizada desde la apertura de juicio oral.
Según expone la representación legal de la víctima, el procedimiento ha seguido un curso ‘lento y parsimonioso’ desde el inicio, pero la situación se ha agravado desde marzo de este año, cuando se acordó sentar en el banquillo a Oltra y a otros doce acusados. Desde entonces, denuncian que ‘no se ha dictado resolución alguna que suponga avance efectivo de la tramitación’.
La queja, dirigida al órgano de gobierno de los jueces, reprocha un ‘retraso injustificado en la tramitación del proceso‘ y advierte de que esta inactividad afecta directamente a los derechos de la joven, que sigue pendiente de que se celebre el juicio por el presunto encubrimiento de los abusos que sufrió siendo menor de edad.
Apertura de juicio oral en marzo y reproche por la inactividad
El pasado 5 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 15 de València ha acordado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat y entonces candidata de Compromís al Ayuntamiento de València, junto a otros doce responsables públicos y técnicos.
En el auto, el juzgado les ha considerado supuestos responsables de varios delitos: prevaricación, malversación, delitos contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores. Se trata de acusaciones vinculadas, según el escrito, a la gestión que realizaron cuando la menor estaba bajo protección de la administración autonómica.
La representación legal de la joven subraya en su escrito que, desde esa resolución de apertura de juicio oral y ‘hasta el momento presente’, la causa ‘está paralizada’. Detalla que en este periodo de siete meses no se ha dictado ninguna resolución que permita avanzar hacia la celebración del juicio, como la señalización de fecha o la práctica de trámites previos.
La parte denunciante recuerda que no es la primera vez que señalan una situación de inactividad procesal en este procedimiento. Según exponen, ya denunciaron un ‘largo periodo de inactividad’ en noviembre de 2025, ante lo que consideran una tramitación excesivamente dilatada para un asunto de especial sensibilidad, tanto por la condición de víctima de la joven como por la relevancia pública de los implicados.
Además, los representantes de la víctima explican que el pasado 4 de septiembre registraron un escrito en el que pedían ‘el necesario impulso procesal‘ al órgano competente. Sin embargo, afirman que no han recibido ‘contestación alguna’, lo que a su juicio confirma la falta de actuación en la causa.
En la queja elevada ahora al CGPJ, la defensa de la joven insiste en que su reproche no se dirige a las decisiones técnicas sobre el sobreseimiento que se hayan podido adoptar. ‘La queja no viene referida a las vicisitudes procesales relativas al sobreseimiento, sino al retraso injustificado en la tramitación del proceso‘, recalcan.
El escrito añade, a modo de valoración, que ‘bien podría pensarse que ante la inevitable situación de enjuiciamiento de una causa con evidentes repercusiones políticas, se ha optado por dejar que languidezca en un cajón‘. Con esta expresión, la acusación pretende subrayar su preocupación por la falta de avances y por las posibles consecuencias que esta demora puede tener sobre la confianza de la víctima en la justicia.
La presentación de la queja ante el CGPJ busca que el órgano de gobierno de los jueces examine la actuación del juzgado y, en su caso, inste a dar un impulso efectivo al procedimiento, para que el juicio se celebre y se depuren las responsabilidades penales que correspondan por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos contra la joven cuando era menor.
