El nuevo curso judicial en la Comunitat Valenciana arranca marcado por la espera de decisiones clave sobre varios dirigentes públicos. El Tribunal Supremo debe resolver los recursos de Eduardo Zaplana y Alfonso Rus contra sus condenas por corrupción. Además, falta por fijar la fecha del juicio a la exvicepresidenta de la Generalitat y candidata a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor.
En paralelo, avanzan otras causas de gran impacto político y social. Entre ellas destacan el caso Azud, con 38 procesados por corrupción, el procedimiento por fraude en ayudas públicas contra Francis Puig y el empresario Joan Enric Adell Bover, y diversas causas por delitos de odio y supuesta prevaricación que afectan a cargos del Ayuntamiento de València.
Zaplana y Rus, a la espera del Supremo
La posible entrada en prisión de Eduardo Zaplana se ha convertido en uno de los focos del curso judicial. El que fue president del Consell, exministro y máximo responsable del PP en la Comunitat Valenciana fue condenado a 10 años y 5 meses de prisión. La sentencia le atribuyó delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación en la privatización de las ITV y en las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.
Además de la pena de cárcel, Zaplana ha recibido multas por más de 25 millones de euros. En la misma resolución, también han sido condenados los empresarios Vicente y José Cotino, su exjefe de gabinete, Juan Francisco García, y su amigo Joaquín Barceló.
Zaplana disfruta desde noviembre de 2024 de libertad provisional, concedida por la Audiencia Provincial de Valencia al no apreciar riesgo de fuga. Desde marzo de 2025, el Tribunal Supremo estudia el recurso contra su condena. La respuesta del alto tribunal puede determinar si el exdirigente popular entra o no en prisión.
El caso de Alfonso Rus también sigue pendiente del pronunciamiento del Supremo. La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia le condenó en noviembre de 2023 a cinco años de prisión. La sentencia corresponde a una de las piezas del conocido caso Imelsa, la relativa a los denominados trabajadores zombis, que cobraban sin acudir a su puesto.
Esa resolución incluyó además el pago, de forma solidaria con otros condenados, de 356.554 euros a la empresa pública de la Generalitat Ciegsa. También fijó 57.325 euros de responsabilidad civil para la empresa pública de la Diputación Divalterra, heredera de Imelsa.
El juicio pendiente a Mónica Oltra
Mónica Oltra, exvicepresidenta del Consell y actual candidata de Compromís a la Alcaldía de València, ha quedado a las puertas del juicio oral. La Audiencia Provincial de Valencia ha decidido que se celebre, en contra del criterio del juez instructor y de la Fiscalía, que habían apostado por archivar la causa.
El procedimiento se centra en el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos contra una menor por el exmarido de Oltra. Las acusaciones, tanto la particular como las populares que ejercen Vox y la asociación Gobierna-te, recurrieron en dos ocasiones los archivos previos. Finalmente, la Audiencia les ha dado la razón y ha ordenado la apertura del juicio.
Oltra se sentará en el banquillo junto con otras doce personas. Entre los acusados figuran varios de sus colaboradores en la Conselleria de Igualdad. A todos se les atribuyen posibles delitos de prevaricación, malversación, delitos contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.
Fraude en ayudas y la causa contra Francis Puig
Otra de las piezas relevantes del nuevo curso judicial es la que afecta a Francis Puig. El hermano del expresident Ximo Puig afronta el paso previo a la apertura de juicio oral en Instrucción 4 de Valencia. Comparte procedimiento con el empresario castellonense Joan Enric Adell Bover por un supuesto fraude en las ayudas a la promoción del valenciano.
La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia rechazó en abril los recursos presentados por ambos. Con esta decisión, el tribunal ha despejado el camino para sentarles en el banquillo por presuntos delitos de estafa y falsedad documental.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Generalitat han presentado ya sus escritos de acusación. En ellos solicitan penas de entre tres y cuatro años de prisión para cada uno de los acusados.
Caso Azud, macrocausa con 38 procesados
El caso Azud se ha consolidado como una de las macrocausas de corrupción más amplias de la Comunitat Valenciana. Abarca un largo periodo temporal y afecta a dirigentes de diferentes partidos, tanto del PP como del PSPV-PSOE.
La jueza de Instrucción 13 de València ha puesto fin recientemente a una década de investigación. Lo ha hecho con el procesamiento de 38 personas. Entre ellas, varios políticos relevantes del PP y del PSOE. Figuran el exvicealcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, el concejal y exdiputado Jorge Bellver y el abogado José Corbín, cuñado de la fallecida exalcaldesa.
Según la acusación, habrían cobrado comisiones ilícitas o recibido regalos de lujo a cambio de sus gestiones. En el mismo procedimiento también serán juzgados el exportavoz del grupo municipal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, la exalcaldesa de Xixona con el PP, Rosa María Verdú, y varios funcionarios, empresarios de la construcción y abogados.
Delitos de odio y causas que afectan a Vox
El pasado mes de mayo, el Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra Cecilia Herrero. La concejala de Vox en el Ayuntamiento de València será juzgada por un presunto delito de odio.
La Fiscalía reclama para Herrero una condena de tres años de prisión. La acusa de difundir de forma reiterada mensajes de odio contra personas migrantes, LGTBI y con discapacidad. Estos mensajes se habrían publicado en Twitter, ahora denominada X, entre 2020 y 2024.
La Fiscalía Anticorrupción también mantiene bajo investigación varias denuncias contra el concejal de Vox y ex teniente de alcalde en València, Juanma Badenas. PSPV y Compromís han cuestionado distintos contratos que habría suscrito en el Ayuntamiento. El Ministerio Público analiza si se han cometido irregularidades.
Además, en una fase aún más inicial, Anticorrupción ha abierto diligencias sobre la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao. La investigación se dirige también contra otros cargos públicos por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según la denuncia de Compromís, estas supuestas irregularidades se habrían producido en procesos de colocación de personal.
Nuevos frentes en Castellón
Fuera de València, también hay causas pendientes con fuerte repercusión política. En la provincia de Castellón está a la espera de señalamiento un nuevo juicio contra el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, y otros nueve acusados.
Entre los procesados se encuentra el presidente del Villarreal y del grupo Pamesa, Fernando Roig. El procedimiento intenta aclarar el origen y la posible ocultación del patrimonio de Fabra.
El origen de esta investigación se remonta cinco años atrás. Entonces, Fabra habría maniobrado para ocultar parte de su patrimonio tras ser condenado. En aquella ocasión recibió una pena de cuatro años de prisión y una multa de 1,3 millones de euros por varios delitos fiscales.
