La Comunitat Valenciana cuenta con 224.372 contratos de alquiler que podrían alargarse dos años más si entra en vigor el decreto de prórroga extraordinaria para los arrendamientos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, según los cálculos de Sumar.
Esta medida forma parte de un decreto ley estatal que ha previsto una prórroga adicional de dos años para determinados contratos de alquiler. El texto necesita aún la convalidación del Congreso, prevista para este viernes, antes de que pueda aplicarse de forma efectiva a los inquilinos y propietarios.
Impacto en España y cálculo de beneficiarios
En el conjunto de España, Sumar ha estimado que se podrán prorrogar más de 1,89 millones de contratos de alquiler gracias a este mecanismo. Para realizar esta estimación, la formación ha utilizado los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el tamaño medio de los hogares.
Según estas mismas fuentes, en cada hogar viven de media 2,5 personas. Por tanto, si se aplicara la prórroga a todos los contratos potencialmente afectados, alrededor de 5 millones de personas podrían beneficiarse de esta extensión de dos años en su alquiler.
La Comunitat Valenciana se sitúa como la cuarta autonomía con más contratos prorrogables. Por delante se encuentran la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía, lo que refleja el peso del mercado de alquiler en estos territorios.
Madrid encabeza la lista con un total de 402.082 contratos que podrían acogerse al decreto ley. Le sigue Cataluña, con 339.088 contratos afectados, de los cuales 248.053 se ubican en la provincia de Barcelona, el principal mercado de alquiler de esta comunidad.
Andalucía aparece a continuación, con 263.222 contratos susceptibles de prórroga. Después se sitúa la Comunitat Valenciana, con 224.372 arrendamientos afectados por la medida, lo que la coloca entre las autonomías con mayor número de hogares potencialmente protegidos.
Resto de comunidades autónomas
Por detrás de estos grandes mercados, Sumar ha calculado que en Galicia podrían prorrogarse 111.175 contratos de alquiler. En las Islas Canarias la cifra ascendería a 108.252, mientras que en Castilla y León alcanzaría los 94.994 contratos.
En las Islas Baleares, una comunidad con fuerte presión turística y un parque de vivienda limitado, el número de contratos prorrogables se sitúa en 69.154, según la misma relación.
Completan la lista elaborada por Sumar Castilla-La Mancha, con 65.797 contratos de alquiler afectados, y Aragón, con 64.272. En la Región de Murcia se han estimado 46.819 contratos susceptibles de prórroga, y en Asturias, 41.917.
Cierran el listado las comunidades con menor volumen de contratos afectados: Extremadura, con 30.630; Cantabria, con 21.180; y La Rioja, con 12.721 contratos que podrían acogerse a esta extensión extraordinaria de dos años.
En todos los casos, la aplicación real de la medida dependerá de la convalidación del decreto ley por parte del Congreso y de las condiciones concretas fijadas en el texto para que los contratos puedan optar a la prórroga.
