Así afectará a los alquileres el nuevo decreto del Gobierno sobre vivienda asequible

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El Gobierno ultima un decreto ley que amplía dos años los contratos de alquiler, regula el alquiler de temporada y eleva el IVA de los pisos turísticos al 21 %, con el objetivo de contener precios y aumentar la vivienda asequible.

Los inquilinos en España, incluida la Comunitat Valenciana, se enfrentan a cambios relevantes en sus contratos de alquiler si el Gobierno aprueba este martes el nuevo decreto ley que ha ultimado para contener los precios y aumentar la oferta de vivienda asequible. El texto incluye una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos que venzan antes del 30 de junio de 2028, la regulación del alquiler de temporada y de habitación, así como beneficios fiscales para los propietarios que rebajen la renta.

Está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detalle estas medidas en su comparecencia del martes para hacer balance del curso político, después de la reunión del Consejo de Ministros en la que se ha programado la aprobación del decreto.

El Ejecutivo ha intensificado en los últimos días la negociación del contenido con los grupos parlamentarios para asegurar su convalidación en el Congreso. Sin embargo, por ahora no cuenta con los votos de Podemos, que se ha negado a sentarse mientras el texto mantenga una reforma de la ley del suelo.

Coto al alquiler de temporada

Según el Ministerio de Vivienda, el decreto se articula en dos grandes bloques. El primero agrupa medidas para abaratar los arrendamientos, dar más estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el mercado del alquiler.

En este apartado se incluye la regulación de los alquileres de temporada y de habitación, la prórroga extraordinaria de dos años, la obligación de que todos los contratos se formalicen por escrito y un sistema de bonificaciones en el IRPF para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler.

La regulación del alquiler temporal ha sido una reivindicación constante durante años de organizaciones sociales y de inquilinos. Hasta ahora no ha prosperado en el Congreso debido a la oposición de Junts.

El Gobierno quiere que los alquileres de temporada se incluyan en el ámbito de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Así, los contratos deberán justificar la causa de la temporalidad y fijar una duración mínima y máxima. Con ello se pretende impedir que se utilicen de forma fraudulenta para esquivar la normativa del alquiler habitual, algo que ha presionado al alza los precios en muchas ciudades.

En cuanto a la prórroga de dos años de los contratos, se trata de la que Sumar considera su medida principal en materia de vivienda. Esta formación logró que el PSOE la aprobara el pasado mes de marzo, pero el Congreso la derogó un mes después con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, y la abstención del PNV.

Sumar calcula que, si se recuperan estas dos prórrogas extraordinarias, podrían beneficiarse casi cuatro millones de personas y alrededor de un millón y medio de hogares, que ganarían tiempo de estabilidad en sus alquileres.

Las exigencias de Junts

El decreto incorpora, según fuentes del Ejecutivo, un paquete de bonificaciones en el IRPF para los propietarios que rebajen el precio del alquiler. Estos incentivos fiscales buscan animar a los caseros a ajustar las rentas a la baja y, al mismo tiempo, mantener su vivienda en el mercado del alquiler residencial.

Entre las condiciones que ha puesto Junts para apoyar el decreto en el Congreso figuran deducciones fiscales para propietarios e inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros, así como para personas mayores que se ven obligadas a vender su vivienda habitual para cubrir los gastos de una residencia o de un centro de salud.

Aunque la izquierda ha rechazado tradicionalmente este tipo de beneficios fiscales, Sumar ha aceptado incluirlos esta vez. La formación considera, según subrayan sus dirigentes, que el objetivo prioritario es sacar adelante el conjunto del decreto, que ven como una pieza clave de su agenda en vivienda.

21 % de IVA para pisos turísticos

El segundo bloque del decreto se centra en movilizar más vivienda asequible. Para ello se ha previsto aplicar el tipo general del 21 % de IVA a los alquileres turísticos. El objetivo es desincentivar este uso y derivar parte de esa oferta hacia el alquiler residencial tradicional.

Actualmente, los alojamientos turísticos solo pagan IVA cuando prestan servicios propios de la industria hotelera, como limpieza o recepción, y en ese caso se les aplica un tipo reducido del 10 %. El cambio supondría encarecer los alquileres turísticos y modificar el atractivo de este negocio frente al alquiler de larga duración.

A propuesta de Bildu, el borrador del decreto también endurece las sanciones económicas a las plataformas que ofrezcan alojamientos turísticos sin licencia o sin número de registro. Estas multas podrían alcanzar hasta un millón de euros, con la finalidad de presionar especialmente a los grandes operadores digitales que operan al margen de la normativa.

La línea roja de Podemos

El borrador del decreto contempla además cambios en la ley del suelo para acelerar la construcción de nuevas viviendas. Esta agilización es una demanda del PNV, del PSOE y de numerosos alcaldes de diferentes partidos, incluido el PP, que reclaman procedimientos más rápidos para aprobar planeamientos urbanísticos y evitar bloqueos por defectos considerados menores o por litigios formales.

Según el texto del borrador, solo ciertos vicios muy graves permitirían declarar nulo un instrumento urbanístico. Además, los planes no podrían anularse en su totalidad por errores de forma que puedan corregirse, lo que aportaría más seguridad jurídica a los desarrollos urbanísticos.

Para que el decreto se convalide en el Congreso, el Gobierno necesita al menos la abstención de los cinco diputados de Podemos. Este grupo ha avisado ya de que la reforma de la ley del suelo es, en sus palabras, una ‘línea roja’. Consideran que estas modificaciones suponen ‘abrir la puerta a más especulación y pelotazos urbanísticos’, por lo que mantienen su rechazo mientras se mantenga este punto.

El resultado de estas negociaciones parlamentarias será clave para que las medidas sobre alquileres, pisos turísticos y vivienda asequible entren finalmente en vigor y se apliquen en territorios como la Comunitat Valenciana, donde la tensión en los precios del alquiler ha aumentado en los últimos años.