La plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port ha presentado el escrito para preparar un recurso de casación contra la ampliación norte del Puerto de València. Con este paso busca que el Tribunal Supremo revise la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) del 31 de julio. Aquella resolución rechazó su demanda contra el acuerdo de la Autoridad Portuaria de València que aprobó el actual proyecto constructivo.
Según ha explicado la plataforma, el TSJCV tendrá que examinar en las próximas semanas si existen motivos suficientes para elevar el asunto al Supremo. El punto central del posible recurso es la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada en 2007. Esa DIA amparó unas obras que, según la entidad, han sido modificadas de forma sustancial respecto al proyecto sometido a evaluación ambiental hace casi dos décadas.
Cambios en el proyecto y efectos ambientales
Comissió Ciutat-Port recuerda que el nuevo proyecto constructivo fue aprobado por la Autoridad Portuaria en diciembre de 2022 y que actualmente está en ejecución. A su juicio, introduce cambios relevantes respecto al diseño evaluado ambientalmente en los años 2006 y 2007, tanto en su configuración como en su escala.
Entre esas modificaciones, la plataforma cita una ampliación notable del volumen y de la profundidad de los dragados previstos. También señala la demolición del contradique y del muelle de cruceros ya construidos, así como el cambio de ubicación de las explanadas y del muelle. Considera que estas alteraciones suponen un incremento significativo del volumen de obra, de la remoción del fondo marino y del consumo de recursos naturales.
Para el colectivo, estos cambios pueden generar por sí solos efectos adversos importantes sobre el medio ambiente. Por ello, sostiene que deberían someterse a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental específico. En su opinión, resulta ‘inaceptable’ que se consideren ‘una simple continuación’ de las obras finalizadas hace más de una década.
La plataforma argumenta que la Declaración de Impacto Ambiental publicada en 2007 ‘no podía contemplar los cambios de obras’ que se están ejecutando ahora. Entiende que la ampliación actual se apoya en una DIA pensada para un proyecto distinto, tanto por la dimensión de los trabajos como por la configuración definitiva del puerto.
Fundamentos legales y doctrina europea
En su escrito, Comissió Ciutat-Port alega la infracción de varios preceptos de la Ley de Evaluación Ambiental. También invoca el artículo 45 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Ese mismo artículo impone a los poderes públicos el deber de protegerlo.
La plataforma considera que este derecho se vulneraría si se aceptase otorgar a una DIA acordada en 2007 ‘una vigencia prácticamente indefinida en el tiempo‘. Más aún, subraya que esa vigencia se mantendría ‘a pesar de los cambios decididos unilateralmente por el promotor de las obras’. Por eso insiste en que el control ambiental debe actualizarse cuando el proyecto real se aparta del inicialmente aprobado.
El escrito cita además varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estas resoluciones interpretan Directivas de la UE sobre protección del medio ambiente y sobre evaluación de impacto ambiental. La plataforma sostiene que esa doctrina europea refuerza la necesidad de revisar la DIA cuando el proyecto se divide en fases temporales y una de ellas se modifica de forma profunda.
La entidad espera que el TSJCV acuerde emplazar a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo. Su objetivo es que el alto tribunal fije doctrina jurídica sobre la pérdida de vigencia de las declaraciones de impacto ambiental. En concreto, cuando el proyecto se desarrolla en dos momentos claramente diferenciados y la segunda fase se retrasa por decisión del promotor y, además, se altera sustancialmente respecto al diseño que se evaluó en su día.
Comissió Ciutat-Port ha subrayado que, con este nuevo escrito, confirma su voluntad de agotar todas las vías judiciales. Primero ante las instancias del Estado y, si fuera necesario, ante los tribunales europeos. Añade que mantendrá esta estrategia ‘hasta obtener una declaración de condena de las prácticas contra el medio ambiente, el territorio y la salud’ que, según afirma, se producen en el caso de la ampliación del Puerto de València.
