El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciado que la malversación pueda quedar amnistiada tras el aval del Tribunal Constitucional, y ha acusado al PSOE de actuar movido por la ambición de poder y de favorecer la impunidad.
El dirigente valenciano se ha pronunciado en un mensaje publicado en la red social X, después de conocerse que el Pleno del Tribunal Constitucional ha respaldado la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación. Esta decisión ha abierto la puerta a que decaiga la inhabilitación vigente hasta 2031, así como a facilitar el retorno inmediato del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Pérez Llorca ha asegurado que le ‘indigna’ que la malversación ‘pueda acabar amnistiada por pura ambición de poder’. Con esta expresión ha querido subrayar que, a su juicio, la medida no responde a criterios de justicia o interés general, sino a un cálculo político.
Críticas directas al PSOE
En su mensaje, el president ha enmarcado la situación en una dinámica que, según él, afecta a la dirección socialista a nivel estatal. ‘No es un caso aislado: es el PSOE de Ábalos y de Cerdán. Demasiada corrupción y demasiada impunidad. La ley debe ser igual para todos’, ha afirmado.
Con estas palabras, Pérez Llorca ha vinculado la amnistía de la malversación con el papel de dirigentes socialistas como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Según su valoración, la decisión del Tribunal Constitucional y la aplicación de la ley de amnistía refuerzan una sensación de trato desigual ante la justicia y de tolerancia hacia prácticas corruptas.
El president de la Generalitat ha utilizado así su perfil institucional para trasladar un mensaje de rechazo frontal a la amnistía de la malversación. Además, ha querido insistir en la idea de que ‘la ley debe ser igual para todos’, en referencia tanto a responsables políticos como a cualquier otro ciudadano.
La reacción de Pérez Llorca se ha producido en un contexto de máxima atención política y mediática sobre las consecuencias de la ley de amnistía. En particular, por el impacto que puede tener en la situación judicial de Carles Puigdemont y en el futuro equilibrio político en el ámbito estatal.
