Un juzgado de Valencia ha absuelto a los 11 activistas de Greenpeace encausados por desórdenes públicos agravados por una acción realizada en 2021 en el puerto de Sagunto, una decisión que la organización ecologista ha recibido con alivio y que considera clave para la defensa del derecho a la protesta pacífica.
La resolución judicial sostiene que en los hechos no se aprecian actos de violencia o intimidación capaces de alterar gravemente la paz pública, condición que exige el tipo penal de desórdenes públicos agravados. Esta conclusión coincide con la declaración de los testigos durante el juicio, tanto de la acusación como de la defensa.
La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha celebrado el fallo y ha subrayado el desgaste que el proceso ha supuesto para las personas encausadas. Según ha explicado, los activistas han afrontado varios años de incertidumbre y riesgo de cárcel por una protesta que la organización defiende como estrictamente pacífica.
Saldaña ha afirmado: ‘Hoy respiramos con inmenso alivio y alegría, pero también con la convicción intacta de que nunca debimos llegar hasta aquí. Esta sentencia es la victoria de 11 personas valientes que han soportado cinco años de injusta incertidumbre por ponerse en pie pacíficamente ante los combustibles fósiles que nos están literalmente matando’.
La responsable de Greenpeace ha enmarcado la decisión judicial en un contexto más amplio sobre el ejercicio de derechos fundamentales. ‘Pero esta absolución no es solo un triunfo para Greenpeace: es una victoria colectiva que frena la criminalización del activismo y refuerza el derecho a la protesta en un momento crítico para la democracia. La protesta pacífica es una herramienta imprescindible para defender nuestros derechos y nuestro futuro. Hoy la Justicia confirma que la dignidad no se criminaliza. Seguiremos alzando la voz y actuando cada vez que haga falta’, ha añadido.
Cinco años de causa penal
Greenpeace ha recordado que el procedimiento se ha prolongado durante más de cinco años desde la acción en el puerto de Sagunto, una duración que ha mantenido a los activistas en una situación de tensión constante. La organización ha señalado que, tras conocer la absolución, los once implicados ‘por fin pueden descansar tras más de cinco años de proceso e incertidumbre ante un juicio que nunca debió celebrarse’.
La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de cinco años de prisión para cada uno de los activistas, peticiones que posteriormente redujo a dos años y seis meses por persona. Aun así, Greenpeace ha insistido en que seguía discrepando de esa calificación penal, porque consideraba que los hechos no eran constitutivos de delito y que el proceso chocaba frontalmente con el derecho a la protesta pacífica y con las libertades del conjunto de la sociedad.
Según el comunicado de la organización ecologista, la acción en el puerto de Sagunto tenía como objetivo denunciar el impacto de los combustibles fósiles y llamar la atención sobre la crisis climática. Greenpeace ha reiterado que la protesta se ha desarrollado sin violencia y que buscaba presionar a las autoridades y a las empresas para acelerar la transición energética.
Apoyo desde Naciones Unidas
En el mismo texto, Greenpeace ha informado de que la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, ha acogido positivamente la noticia de la absolución. Según la organización, Romero se ha congratulado del sentido de la sentencia y ha subrayado la importancia de proteger la protesta pacífica frente a intentos de limitarla mediante procesos penales.
La relatora especial ha recordado, según el comunicado, que ‘seguirá atenta a todas las estrategias para dañar el derecho a la protesta’. El respaldo desde este mandato de Naciones Unidas refuerza, a juicio de Greenpeace, la idea de que la causa abierta contra los activistas ha planteado dudas sobre la correcta protección de las libertades fundamentales.
La organización ecologista ha asegurado que continuará utilizando la protesta pacífica como herramienta para denunciar la crisis climática y las consecuencias del uso continuado de combustibles fósiles. Al mismo tiempo, ha advertido de que permanecerá vigilante ante cualquier intento de limitar el activismo mediante la vía penal o administrativa.
