La crisis de la vivienda ha centrado las iniciativas que los grupos parlamentarios han registrado para el próximo pleno de Les Corts Valencianes, según el orden del día que la Junta de Síndics ha acordado este martes y que marcará la segunda sesión del actual periodo de sesiones.
En la rueda de prensa posterior a la Junta, los portavoces han detallado sus propuestas, que dibujan modelos muy distintos sobre cómo afrontar el acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana. En el debate tendrán un papel destacado cuestiones como el precio de la vivienda protegida, los incentivos fiscales a los jóvenes y el uso de suelo público para alquiler asequible.
La propuesta del PP plantea seguir avanzando en el desarrollo del Plan Vive y movilizar todo el suelo del Estado para dedicarlo a la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible. Además, defiende bonificar o eliminar el IRPF a los jóvenes durante los cuatro primeros años de vida laboral, con el objetivo de que puedan ahorrar para acceder a una vivienda. El texto también propone rebajar al 4 % el IVA en la compra de la primera vivienda y en las obras de rehabilitación.
El síndic del PP, Fernando Pastor, ha enmarcado estas medidas en la confrontación con el Gobierno central. Ha asegurado que la vivienda ‘nunca fue la razón por la que Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre’, sino que ‘fue la excusa’. A su juicio, ‘ni el sanchismo ni la sucursal más sanchista de todas las socialistas de España, que es la valenciana, han dado un palo al agua en la materia’.
Pastor ha insistido en que ‘han tenido tiempo, competencias y presupuesto, los de aquí y los de allí, y durante ocho años ni unos ni otros han dado un palo al agua’. Por ello, ha criticado que se pretenda dar lecciones en este momento: ‘Venir ahora a dar lecciones y a pedir explicaciones es un ejercicio puro de cinismo y de hipocresía’, ha manifestado.
Modelos opuestos sobre la vivienda protegida
Frente al planteamiento popular, la iniciativa del PSPV se ha centrado en la vivienda de protección pública. La propuesta socialista pide derogar el incremento del módulo de precio máximo de las viviendas de protección pública de promoción privada y recuperar el límite de 2.200 euros por metro cuadrado.
El PSPV también propone que las viviendas públicas construidas en suelo público, o financiadas con recursos o ayudas públicas, mantengan la calificación de vivienda protegida con carácter permanente. Es decir, que no puedan pasar al mercado libre tras un periodo de años.
El síndic del PSPV, José Muñoz, ha denunciado que ‘no tiene sentido que nos encontremos en la Comunitat Valenciana VPO que está entre los 250.000 y los 300.000 euros’. Según ha adelantado, el pleno confrontará ‘dos modelos de país‘ y ha acusado al PP y Vox, además de a Junts, de ‘plantear que la vivienda sea negocio’.
En una línea similar a la socialista, Compromís ha registrado otra iniciativa centrada también en la vivienda de protección pública. La coalición plantea revertir las subidas del precio máximo de estas viviendas para contener los importes que pagan las familias.
Además, Compromís quiere garantizar que el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda protegida se mantenga ‘dentro de parámetros de accesibilidad’. La propuesta incluye, igualmente, que la protección pública de las viviendas sujetas a este régimen tenga carácter permanente, de forma que se preserve su función social a largo plazo.
Por tanto, en el pleno se han presentado tres iniciativas que giran en torno al mismo problema, pero que ofrecen respuestas muy distintas. Mientras el PP insiste en los incentivos fiscales y en movilizar suelo para nueva vivienda, PSPV y Compromís se han centrado en limitar precios y blindar el carácter protegido del parque público.
La posición de Vox sobre servicios públicos e inmigración
El cuarto eje del debate lo marcará Vox, que ha optado por ligar la situación de los servicios públicos con la inmigración irregular. Su grupo ha registrado una proposición no de ley sobre ‘la saturación de los servicios públicos por la ingente entrada masiva de inmigrante ilegales’.
Según su síndic, José María Llanos, ese aumento de la inmigración afecta a los servicios sociales, la sanidad, la educación, la seguridad y también a la vivienda. Vox pretende que Les Corts se pronuncien sobre este diagnóstico y adopten medidas en línea con sus tesis sobre control migratorio.
El pleno de la próxima semana será, por tanto, uno de los primeros grandes debates de la legislatura sobre el acceso a un hogar en la Comunitat Valenciana. Las posiciones enfrentadas de PP, PSPV, Compromís y Vox anticipan una sesión en la que la vivienda aparecerá ligada tanto a la política estatal como a la gestión autonómica y al modelo de servicios públicos que defienden los distintos partidos.
