Las lluvias torrenciales de esta semana y las sequías cada vez más frecuentes han convertido la gestión del agua en España en un reto urgente. En vísperas de las elecciones generales, ingenieros, expertos en recursos hídricos y organizaciones ecologistas han planteado sus prioridades al próximo Gobierno, desde un gran pacto de Estado por el agua y más obra hidráulica hasta un mayor control de los regadíos intensivos no sostenibles.
Estos especialistas han coincidido en que la política hídrica ya no puede depender solo de cada ciclo electoral. Reclaman planificaciones a largo plazo, una adaptación real al cambio climático, inversiones estables en infraestructuras y una revisión profunda de los usos del agua, sobre todo en la agricultura intensiva y en actividades muy demandantes como los campos de golf.
Pacto de Estado y obra hidráulica
Desde la perspectiva técnico-científica, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha defendido un pacto de Estado por el agua que marque una hoja de ruta de, al menos, diez años. Este pacto debería identificar las actuaciones necesarias y asegurar los fondos públicos, aprovechando la financiación europea y analizando la colaboración público-privada en proyectos viables.
Según esta visión, el gran acuerdo tendría que blindar las principales obras frente a los cambios de gobierno. De este modo, infraestructuras decisivas no quedarían paralizadas o modificadas cada vez que cambie la mayoría parlamentaria.
El Colegio también ha reclamado un nuevo plan hidrológico nacional que coordine los planes de cuenca con los de sequías e inundaciones. Esta coordinación permitiría actuar de forma más coherente ante episodios extremos, tanto de falta de agua como de lluvias torrenciales.
Entre sus prioridades figuran la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, el impulso de las actuaciones de depuración aún pendientes y la conservación y restauración de cauces. Recuerdan que muchas redes urbanas pierden una parte relevante del caudal por fugas y obsolescencia.
Asimismo, han subrayado la necesidad de aprobar una ley específica de presas y un programa estable para su conservación dentro de los presupuestos generales del Estado. En su opinión, estas infraestructuras son clave para el abastecimiento, el riego y la protección frente a avenidas.
En este contexto, han advertido de que ‘el mantenimiento y la modernización de nuestras presas es una responsabilidad ineludible que exige una inversión anual’. Han recordado que ‘nuestro parque presístico es uno de los más maduros de Europa’ y que su posible deterioro, unido al desfase tecnológico, ‘pueden conformar un riesgo en caso de que no se tomen medidas’.
Adaptarse a menos recursos hídricos
El Observatorio del Agua de la Fundación Botín, un laboratorio de ideas especializado en gestión hídrica, se ha alineado también con la idea de un pacto de Estado. Su director, Alberto Garrido, se ha declarado ‘partidario’ de un gran acuerdo en España que permita afrontar un escenario con menos recursos.
Garrido ha señalado que, a las sequías tradicionales, se ha sumado un contexto de menores aportaciones de agua debido al cambio climático. En su opinión, esta situación ‘requiere una respuesta conjunta’ que deje atrás los intereses particulares de cada territorio y sector.
‘Tenemos que prepararnos para unas condiciones diferentes’, ha afirmado. Ha recordado que, según las proyecciones del Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), las aportaciones a los ríos podrían reducirse, de media, entre un 11 % y un 14 % en el periodo 2040-2070, según el escenario climático.
El Observatorio ha destacado que los usos agrarios concentran en torno al 75 % de la demanda estimada de agua en España. Garrido ha advertido de que ‘el cambio climático puede hacer cada vez más difícil cubrir las necesidades del sector’, sobre todo si no se mejora la eficiencia.
Por ello, ha instado a reducir pérdidas en las redes de distribución, ajustar el riego a las necesidades reales de los cultivos y estudiar mejor el papel del agua regenerada o desalada en las zonas donde las fuentes tradicionales resultan insuficientes. Estas alternativas, ha señalado, pueden aliviar la presión sobre ríos y acuíferos si se planifican bien y se asumen sus costes.
Reivindicaciones de los grupos ecologistas
Las organizaciones ecologistas consultadas han puesto el foco en la reforma de la ley de Aguas para adaptar la planificación hidrológica a los nuevos escenarios climáticos. Según han defendido, resulta imprescindible moderar el consumo y garantizar una distribución justa y sostenible de los recursos, tanto entre territorios como entre sectores económicos.
Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, ha explicado que, pese al cambio climático, el consumo hídrico no se ha reducido, ‘todo lo contrario’. A su juicio, ‘tenemos que hacer mucho más hincapié’ en priorizar los usos sociales del agua frente a los puramente lucrativos.
Según los datos que maneja, alrededor del 80 % del agua se destina a regadíos intensivos e industriales. Barea ha denunciado que estos modelos ‘están esquilmando el reparto justo y sostenible’ y que ‘se está aniquilando a los pequeños agricultores familiares, sostenibles, que fijan territorio’.
En este sentido, ha planteado como prioridad asegurar el suministro a las personas vulnerables y, al mismo tiempo, gravar el exceso de consumo de actividades muy demandantes como campos de golf, grandes industrias o centros de datos.
Barea ha pedido también intensificar la eficiencia y la reutilización de aguas, mejorar el saneamiento de pequeñas poblaciones, recuperar acuíferos degradados y clausurar los pozos ilegales. Estas medidas, ha defendido, permitirían aliviar el estrés hídrico y proteger mejor los ecosistemas.
Por su parte, la coordinadora de Ecologistas en Acción, Érika González, ha exigido erradicar las dotaciones de agua a regadíos industriales que, en su opinión, ‘están sobreexplotando de manera muy grave todos los ecosistemas hídricos’. Ha alertado de los impactos en acuíferos, ríos y humedales.
González se ha mostrado escéptica ante la idea de un pacto de Estado por el agua. Ha asegurado que ‘cuando se ha planteado previamente algo así ha sido para mal, para incrementar la sobreexplotación de los ecosistemas, de los acuíferos, de los ríos, de los humedales’. Por ello teme que un nuevo pacto repita viejos errores si no sitúa los límites ambientales en el centro.
Respecto a los planes hidrológicos de cuenca, ha señalado que los caudales ecológicos fijados para los ríos son ‘totalmente insuficientes’. A su juicio, se deberían ‘revisar al alza para que se acerquen todo lo posible a su caudal natural’. Esta revisión, ha apuntado, sería clave para garantizar ríos vivos y frenar el deterioro de los ecosistemas asociados al agua.
En conjunto, las propuestas de ingenieros, expertos académicos y ecologistas coinciden en un diagnóstico común: España afronta un escenario de sequías más duras, lluvias más extremas y recursos más limitados. El próximo Gobierno tendrá que decidir si asume un cambio de modelo que combine grandes infraestructuras, eficiencia y protección ambiental, o si mantiene una política del agua que muchos ya consideran agotada.
