El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por su papel en la trama de adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. La resolución también impone 19 años y ocho meses de cárcel a su exasesor Koldo García, considerado una pieza clave en el funcionamiento del entramado.
La Sala Penal aprecia delitos vinculados a organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, entre otros, al considerar probado que los condenados se beneficiaron de la adjudicación de contratos públicos de material sanitario en plena crisis del Covid-19.
La sentencia sitúa a Ábalos y a Koldo García como los principales responsables de una estructura destinada a obtener beneficios económicos a través de su posición de influencia. En el caso del exministro, el tribunal entiende que su cargo permitió facilitar adjudicaciones y favorecer operaciones vinculadas a la compra de mascarillas.
Condena menor para Aldama
El empresario Víctor de Aldama ha recibido una respuesta penal más leve por su colaboración con la Justicia. El tribunal le impone una condena inferior y acuerda que no ingrese en prisión, al valorar su confesión y la información aportada durante el procedimiento.
La decisión supone uno de los fallos judiciales de mayor impacto político de los últimos años, al afectar directamente a quien fue ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. El caso ha girado en torno a contratos públicos adjudicados durante la pandemia y al presunto cobro de comisiones relacionadas con esas operaciones.
El fallo del Supremo cierra la primera gran pieza judicial de la conocida como trama de las mascarillas, aunque el caso mantiene otras derivadas abiertas sobre contratos, pagos y posibles adjudicaciones irregulares.
Un caso con fuerte repercusión política
El procedimiento ha tenido una elevada repercusión desde el inicio de las investigaciones por el perfil de los acusados y por el contexto en el que se produjeron los hechos. Las adjudicaciones investigadas se realizaron en plena emergencia sanitaria, cuando las administraciones buscaban material de protección de forma urgente.
Durante el juicio, las acusaciones defendieron que la trama aprovechó esa situación excepcional para obtener ganancias mediante contratos públicos. Las defensas, por su parte, habían pedido la absolución o una rebaja sustancial de las penas.
La condena a Ábalos y Koldo García refuerza la tesis de que ambos utilizaron su capacidad de influencia en la Administración para favorecer determinados contratos. En paralelo, la colaboración de Aldama ha sido determinante para que el tribunal le aplique un tratamiento penal más favorable.
