El plazo para presentar alegaciones al informe sexenal 2019-2024 sobre el estado de conservación del lobo ibérico concluye este miércoles con un enfrentamiento abierto entre organizaciones ecologistas y las comunidades autónomas donde la especie tiene mayor presencia, que reclaman enfoques opuestos sobre el nivel de protección que debe mantenerse.
El Ministerio abre el periodo de información pública
El Ministerio para la Transición Ecológica abrió el periodo de información pública el pasado 6 de mayo con el objetivo de recabar aportaciones que sirvan de base para las decisiones futuras sobre la gestión del lobo. El documento oficial sostiene que la especie continúa en un estado de conservación desfavorable en España, lo que implica que las poblaciones no se consideran suficientemente seguras a largo plazo ni en número ni en distribución.
El informe debe ser aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente antes de su envío a la Comisión Europea. La normativa comunitaria fija informes periódicos para revisar el cumplimiento de la Directiva Hábitats y España tenía la obligación de remitir esta evaluación antes del 31 de julio de 2025. El retraso llevó a la apertura de un expediente europeo, lo que añade presión política y administrativa al cierre del actual periodo de alegaciones.
Acciones legales desde 14 comunidades autónomas
En este contexto, catorce comunidades autónomas anunciaron acciones legales contra el Gobierno central: Galicia, Castilla y León, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Estas regiones cuestionan la línea seguida por el Ejecutivo en materia de protección del lobo, al considerar que limita sus herramientas de gestión frente a los daños al ganado.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó la semana pasada que los datos sobre el estado de la especie ya se habían trasladado a Bruselas en agosto de 2025, si bien no estaban adaptados al formato específico exigido para el informe sexenal. Según señaló, esa información fue entregada personalmente y forma la base técnica del documento que ahora se somete a alegaciones.
Actualización de datos y presión sobre las comunidades
El Ministerio reclama ahora a las comunidades autónomas que remitan datos actualizados que incorporen el impacto de los graves incendios de la última temporada y de las muertes de lobos autorizadas por los gobiernos regionales. La actualización de estas cifras se considera clave para que el informe refleje la situación real de las poblaciones y el efecto de las decisiones de gestión recientes.
Morán ha advertido de que no revisar esos datos supondría, en la práctica, trasladar a Bruselas una fotografía incompleta de la realidad. A su juicio, omitir la influencia de los incendios forestales y de los controles letales autorizados equivaldría a engañar conscientemente a la Comisión Europea, algo que, subraya, el Gobierno no está dispuesto a asumir.
En paralelo, la Comisión para la Transición Ecológica del Senado aprobó este martes una moción del Grupo Popular que pide convocar de forma inmediata la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. El objetivo es abordar la gestión del lobo y desbloquear la aprobación del informe sexenal, evitando que el enfrentamiento institucional prolongue la incertidumbre normativa.
Al mismo tiempo, en Asturias se ha anunciado para junio la aprobación de un decreto que dará cobertura al nuevo plan de gestión del lobo y se adaptará a una sentencia del Tribunal Supremo dictada en febrero. El alto tribunal estableció que solo se podrán autorizar batidas o muertes de ejemplares cuando esa medida sea la única solución posible para evitar daños al ganado, lo que obliga a analizar previamente otras alternativas de prevención y manejo.
La Unión Rural de Asturias ha criticado el borrador del decreto al entender que no prioriza las cacerías, que considera la herramienta más eficaz para reducir los daños. Esta organización agraria teme que el nuevo marco deje a los ganaderos con menos margen de actuación y dificulte la defensa de sus explotaciones.
El conflicto también ha escalado en Galicia, donde la Conselleria de Medio Ambiente e Cambio Climático acusa al Gobierno central de comprometer la viabilidad de las explotaciones ganaderas por su empeño en sostener que el lobo se encuentra en un estado de conservación desfavorable. Para la administración gallega, esa calificación refuerza restricciones que, a su juicio, complican compatibilizar la presencia del depredador con la actividad ganadera.
En Cantabria, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado recientemente la suspensión cautelar del Plan de Gestión del Lobo solicitada por el partido animalista Pacma. El plan, aprobado en marzo, continúa así en vigor mientras se resuelve el fondo del recurso, lo que permite a la comunidad mantener sus propias medidas de gestión dentro del marco legal vigente.
Alegaciones de ecologistas y debate sobre el estado del lobo
Entre los grupos conservacionistas, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico ha presentado alegaciones en las que subraya que el ligero aumento de población registrado en algunos territorios no compensa problemas estructurales como la fragmentación genética, la baja capacidad de dispersión, la endogamia, el furtivismo, los atropellos o las recientes campañas de eliminación puestas en marcha por varias comunidades.
La asociación sostiene que, en conjunto, estos factores continúan amenazando la viabilidad a largo plazo de la especie, pese a los avances detectados en determinadas zonas. Por ello, ha solicitado al Ministerio que el informe sexenal 2019-2024 eleve la calificación global y se reconozca un Estado de Conservación Desfavorable-Malo, categoría U2, para todas las bio-regiones de la España peninsular. Considera que la categoría U1 resulta insuficiente si se aplica el criterio riguroso que, según recuerda, exige la Directiva Hábitats a las administraciones públicas.
Ecologistas en Acción también ha exigido que el documento mantenga la consideración de estado de conservación desfavorable para el lobo ibérico. La organización reclama que cualquier evaluación se base en datos científicos sólidos y alejados de presiones políticas o económicas, y alerta del riesgo de suavizar la calificación únicamente para facilitar políticas de control poblacional.
Denuncias por presiones políticas y económicas
Al mismo tiempo, esta organización ha denunciado la manipulación política que, a su juicio, ejercen Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León en la evaluación del lobo ibérico. Según sus alegaciones, los datos aportados por estas comunidades carecen de justificación suficiente y persiguen construir un escenario artificialmente favorable para abrir la puerta a futuras medidas de control letal y a una desprotección jurídica mayor de la especie.
WWF ha expresado su apoyo al informe técnico elaborado por el Ministerio, que concluye que el lobo se encuentra en estado de conservación desfavorable-inadecuado en la región atlántica y desfavorable-malo en la mediterránea. Esta organización respalda así la tesis de que las poblaciones todavía no se han recuperado lo suficiente como para rebajar la protección.
En el plano jurídico, el debate se conecta con las modificaciones que permitieron en su día sacar las poblaciones de lobo situadas al norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Aquellos cambios normativos fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, lo que añade una dimensión legal de largo recorrido a una controversia en la que se cruzan conservación de la biodiversidad, intereses ganaderos y decisiones políticas a escala estatal y autonómica.
