Un año después de las riadas de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, el balance combina cicatrices materiales y un aprendizaje colectivo.
La sociedad se ha familiarizado con conceptos como colores de avisos, precipitaciones acumuladas o persistencia de tormentas, y las administraciones han afinado su reacción.
Aun así, quedan vacíos por cubrir en la predicción, en la forma de comunicar el riesgo y en la coordinación entre instituciones. Esto es necesario cuando la emergencia supera lo previsto.
Avisos, prevención y coordinación
Los avisos oficiales han ganado centralidad y muchas personas consultan a diario webs como la de Aemet o aplicaciones de radar. Esa información en tiempo real ayuda a tomar decisiones, pero requiere interpretación profesional para no generar alarmas injustificadas o falsas sensaciones de seguridad.
La clave es combinar los boletines con mensajes claros y operativos. Es esencial aclarar qué significa cada nivel de alerta, qué actividades conviene aplazar y qué zonas deben evitarse.
La anticipación también ha mejorado. Ante previsiones de episodios severos, los ayuntamientos activan antes los planes locales. También identifican puntos críticos y cierran accesos vulnerables. La población, por su parte, asume mejor que la realidad no tiene por qué calcarse a la predicción. Las franjas horarias son orientativas y una nube puede descargar con arbitrariedad a pocos kilómetros. Esta incertidumbre obliga a planes flexibles y a priorizar la seguridad por encima de la rutina.
Cuando la emergencia desborda lo ordinario, la respuesta revela costuras. Faltan protocolos comunes y experiencia compartida para coordinar en tiempo real a administraciones, cuerpos de seguridad, servicios de emergencias y empresas de servicios básicos. Sin un mando claro, se multiplican mensajes y se solapan esfuerzos. Estandarizar procedimientos y canales de comunicación reduciría tiempos y errores.
La desinformación se ha convertido en un factor de riesgo adicional. Durante la DANA de 2024 y el reciente paso de Alice circularon fotos y vídeos falseados. Estos exageraban la gravedad o confundían ubicaciones. Reforzar los canales oficiales, ofrecer datos contrastados con regularidad y mantener una comunicación empática y constante ayuda a desactivar bulos. Además, orienta a la ciudadanía en medio del ruido.
Urbanismo, obras y vida cotidiana
Las inundaciones han puesto bajo lupa proyectos levantados en zonas inundables y han frenado, en varios municipios, la conversión de bajos en viviendas.
La magnitud de los daños empuja a repensar cómo y dónde se construye. Incluso a considerar que ciudades como Valencia crezcan en altura ante las limitaciones de expansión periférica. El llamado ‘modelo IKEA’ —superficies elevadas y renuncia a aparcamientos subterráneos— ha demostrado que ciertas decisiones de diseño reducen de forma notable la exposición al agua.
Del mismo modo, retirar elementos que actúan como diques involuntarios, como la medianera de hormigón en el acceso sur de la Pista de Silla, evita que la infraestructura se convierta en barrera durante un aguacero extremo.
Las grandes obras de protección han cumplido su función principal. El desvío del Turia tras 1957, el Plan Sur, permitió que la capital sufriera mucho menos que en catástrofes históricas. Sin embargo, su trazado también ha dificultado el desagüe natural de otros cauces.
Para corregir ese efecto, ya está en trámite la conexión de barrancos como el de La Saleta. Su desbordamiento arrasó Aldaia. Ahora, se conectará con la desembocadura actual del Turia. La lección es clara: además de la obra troncal, hay que ordenar la red de drenaje secundaria para que el agua encuentre salida sin crear cuellos de botella.
Marco laboral
El marco laboral también ha incorporado cambios. Tras la DANA se aprobó el Real Decreto-ley 8/2024, que introdujo un permiso retribuido de hasta cuatro días por riesgo climático. Asimismo, modificó el Estatuto de los Trabajadores, junto a ayudas y medidas fiscales para los afectados. Este paso permite priorizar la seguridad en episodios de alerta roja sin penalizaciones económicas. Pero exige que las empresas definan protocolos internos para aplicarlo con agilidad.
La formación ciudadana en autoprotección es otro déficit señalado con insistencia. Saber cómo actuar antes, durante y después de una riada —evitar garajes y cauces, identificar rutas seguras, preparar un pequeño kit y localizar puntos de reunión— marca la diferencia. La educación práctica y ejercicios periódicos en barrios y centros escolares consolidan hábitos que salvan vidas.
Por último, la resiliencia social ha sido determinante. A la ola de destrucción del 29 de octubre siguió un tsunami de solidaridad: voluntariado con palas y escobas, profesionales que renunciaron a descansos y redes de ayuda que aún perduran. Esa energía colectiva acelera la recuperación. Aunque no sustituye a la planificación pública, la complementa.
Conclusión
La conclusión un año después es nítida: convivir con episodios extremos exige asumir la incertidumbre. También, reforzar la prevención y diseñar ciudades que se adapten al agua en vez de tratar de negarla. Cada mejora consolidada hoy reduce el impacto de la próxima tormenta.
