AVAEC ha exigido responsabilidades tras la anulación parcial del Registro Único de Alquiler por parte del Tribunal Supremo y ha denunciado lo que considera un abandono institucional del sector de la vivienda turística legal. La asociación sostiene que la resolución confirma la inseguridad jurídica que, a su juicio, vienen sufriendo propietarios, familias, autónomos y pequeñas empresas.
La entidad valora con indignación la sentencia que estima parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024. El fallo anula las previsiones relativas al procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y a la obligación de inscripción en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles para obtener un número de registro que permitiera ofertar alojamientos de corta duración en plataformas en línea.
Un sector que reclama normas claras
Desde AVAEC defienden que la resolución judicial evidencia una “deficiente producción normativa” en materia de vivienda turística. La asociación considera que esa situación genera costes injustificados y perjudica directamente a quienes cumplen la normativa.
La presidenta de la entidad, Pilar Giner, ha señalado que «la sentencia nos produce alivio, pero sobre todo indignación». Según ha explicado, el alivio llega porque el Supremo pone límites a una norma que considera mal planteada, mientras que la indignación responde a que el sector ha soportado incertidumbre, cargas administrativas y temor regulatorio.
La asociación recuerda que el Tribunal Supremo no cuestiona la necesidad de coordinación, información o transparencia en el mercado de los alojamientos de corta duración. De hecho, la resolución mantiene la validez de la regulación relativa a la Ventanilla Única Digital, la transmisión de datos por plataformas y el tratamiento estadístico.
Lo que sí anula es la creación de un procedimiento único estatal de registro que, según la propia resolución, excedía de la competencia estatal y se superponía a registros autonómicos ya existentes.
Giner ha advertido de que «este no es un problema técnico menor» y ha afirmado que cada norma mal planteada tiene consecuencias reales. Entre ellas, cita operaciones paralizadas, inversiones frenadas, costes de adaptación, consultas jurídicas, miedo de los propietarios y pérdida de competitividad.
La asociación insiste en que el sector no se opone a la regulación. Al contrario, reclama desde hace años normas claras, proporcionadas y eficaces contra el intrusismo. Sin embargo, rechaza que la vivienda turística legal sea utilizada como chivo expiatorio de problemas complejos relacionados con la vivienda, el urbanismo y el modelo turístico.
«Regular sí; improvisar, duplicar trámites y alimentar el señalamiento social, no», ha declarado Pilar Giner. La presidenta de AVAEC sostiene que la Administración debe distinguir entre quienes cumplen la normativa y quienes actúan al margen de la legalidad.
Denuncia de actos vandálicos en València
La asociación también ha denunciado los últimos actos vandálicos sufridos por apartamentos turísticos legales en València. Según la información aportada por afectados, en los últimos días se han producido sabotajes en una veintena de bajos del barrio de Malilla.
AVAEC señala que esos hechos incluyen cerraduras inutilizadas con silicona o pegamento, pintadas, pegatinas y daños en accesos. Según la entidad, incluso habrían afectado a bajos residenciales donde viven vecinos. Los afectados también han trasladado gastos de reparación, incidencias con huéspedes y daño reputacional.
La asociación condena cualquier acto de intimidación, señalamiento o violencia contra viviendas turísticas legales, propietarios, gestores, huéspedes o vecinos.
«Una cosa es debatir el modelo turístico y otra muy distinta es sellar cerraduras, pintar fachadas, intimidar a huéspedes o señalar viviendas legales. Eso no es activismo: es coacción, es daño y es miedo», ha manifestado Pilar Giner.
La presidenta de AVAEC considera especialmente grave la falta de una respuesta pública contundente por parte del gobierno municipal de València. A su juicio, el silencio institucional ante ataques a negocios legales traslada un mensaje negativo a quienes cumplen la ley.
«Echamos de menos una condena clara, inmediata y sin matices. Cuando se atacan negocios legales, el silencio institucional no es neutralidad; es un mensaje devastador para quienes cumplen la ley», ha señalado Giner.
Reclama seguridad jurídica y respeto institucional
AVAEC también lamenta la falta de apoyo institucional por parte de Turismo al sector de la vivienda turística. La entidad defiende que las viviendas turísticas legales forman parte de la oferta turística de la Comunitat Valenciana y merecen respeto, interlocución y protección.
«Turismo debe defender a todo el ecosistema turístico, no solo a una parte. Las viviendas turísticas legales forman parte de la oferta turística de la Comunitat Valenciana y merecen respeto, interlocución y protección institucional. No pedimos privilegios; pedimos el mismo trato que cualquier otra actividad económica legal», ha añadido Pilar Giner.
Para la asociación, la sentencia del Tribunal Supremo debe abrir una reflexión sobre la forma en que se legisla en materia de vivienda turística. AVAEC reclama diálogo real con el sector, evaluación previa del impacto económico y jurídico, coordinación entre administraciones y responsabilidad política cuando los tribunales corrigen normas ya aprobadas.
«Lo que no puede hacerse es aprobar normas desde el prejuicio, sin medir sus consecuencias, y dejar que el coste lo soporten siempre los mismos», ha concluido Giner. La asociación insiste en que el sector de la vivienda turística legal necesita seguridad jurídica, respeto institucional y protección frente al vandalismo.
