Cinco meses después de que una DANA azotara con fuerza la provincia de Valencia, afectando a más de 90 municipios, las heridas siguen abiertas. La Generalitat Valenciana ha expresado su profundo malestar ante la respuesta recibida del Gobierno central. Según datos oficiales de la administración autonómica, el Ejecutivo ha rechazado el 68% de las peticiones de ayuda presentadas para la recuperación de las zonas afectadas. Esta situación ha intensificado la preocupación entre las autoridades valencianas, que denuncian un esfuerzo desigual y una falta de implicación por parte del Estado en una emergencia que todavía sigue causando estragos en la vida de miles de personas.
Desde el primer momento, la Generalitat diseñó un plan de choque con medidas estructurales y propuestas concretas. Dicho plan fue presentado al Gobierno en varias rondas de diálogo interadministrativo, pero la mayoría de las iniciativas han sido ignoradas o devueltas sin financiación. Lo que más inquieta al Consell es que muchas de las peticiones no se limitaban a grandes inversiones, sino que abordaban necesidades urgentes como viviendas para familias desplazadas, reparación de centros educativos o refuerzo en la atención sanitaria y psicológica.
La falta de ayudas DANA rechazadas por el Gobierno ha provocado que los recursos propios de la Generalitat se hayan agotado más rápidamente de lo previsto. Esto ha obligado a posponer o reducir otras inversiones públicas esenciales. Para los municipios afectados, la situación se torna crítica: sin respaldo estatal, la recuperación se ralentiza y la frustración social crece.
La negativa del Gobierno impide avanzar en educación, salud y vivienda
Entre las propuestas rechazadas por el Gobierno central hay proyectos clave que buscaban restaurar servicios esenciales en las comarcas devastadas. Uno de los casos más llamativos fue la solicitud de 1.134 millones de euros para la reconstrucción y equipamiento de colegios e institutos que quedaron dañados o totalmente inutilizados tras la DANA. Esta inversión era crucial para que miles de estudiantes pudieran volver a las aulas con normalidad, pero ha quedado en papel mojado por falta de respuesta afirmativa.
En el ámbito de la salud, la Generalitat pidió 140 millones para reponer material sanitario perdido y rehabilitar centros de salud que hoy siguen cerrados. A esto se suma la denegación de 250 millones destinados a restaurar residencias de mayores, centros de día y otros servicios sociales que son indispensables para las personas más vulnerables. Las ayudas DANA rechazadas por el Gobierno en estas áreas no solo ralentizan la recuperación, sino que también ponen en riesgo la cobertura de necesidades básicas para muchos ciudadanos.
El acceso a la vivienda es otra de las grandes preocupaciones. Se solicitaron 3 millones de euros para el realojo de personas cuyas casas fueron declaradas inhabitables, junto con otros 2,6 millones para crear un centro de acogida temporal. La respuesta, nuevamente, fue negativa. Esto ha obligado a las administraciones locales a improvisar soluciones con recursos escasos, generando situaciones de hacinamiento y precariedad. El impacto social es evidente: sin apoyo nacional, las comunidades locales no pueden responder con eficacia a la magnitud de la crisis.
Sin respuesta en infraestructuras, transporte ni salud mental
El rechazo de las ayudas DANA por parte del Gobierno no se limita a servicios sociales. También alcanza áreas estratégicas como las infraestructuras, la movilidad y la salud mental. En este sentido, la Generalitat propuso una colaboración específica para reparar carreteras, puentes, líneas ferroviarias, estaciones depuradoras y colectores dañados. Estas infraestructuras son vitales para la conectividad y la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, la única respuesta formal ha sido una promesa —aún no materializada— de 100 millones para plantas depuradoras. El resto de las solicitudes, simplemente, fueron ignoradas.
En cuanto a movilidad, una medida emblemática del Consell fue la creación de la tarjeta gratuita “Recuperem València”, con la que se garantizaba el transporte público para los damnificados. Aunque su impacto ha sido positivo, el Gobierno central rechazó cofinanciar la iniciativa. Esto ha generado dudas sobre la viabilidad futura de la tarjeta, especialmente si se mantiene la falta de apoyo externo.
La salud mental, un aspecto que suele quedar relegado, también se ha visto afectada. Se prometieron 14 unidades de atención psicológica de emergencia, pero solo se han aprobado nueve, y ninguna está operativa en la provincia de Valencia. Además, no se ha enviado personal de refuerzo ni se han habilitado recursos adicionales. Las consecuencias ya se sienten en los centros de salud, donde la saturación y la falta de especialistas dificultan una atención adecuada. Las ayudas DANA rechazadas Gobierno también han cerrado la puerta a cuidar la salud emocional de los afectados.
Viviendas de la Sareb y exclusión de municipios: decisiones sin justificación
Una de las medidas más lógicas y de bajo coste planteadas por la Generalitat fue el uso de las viviendas propiedad de la Sareb para realojar temporalmente a las familias que lo habían perdido todo. En total, se pidió acceso a 1.050 inmuebles, de los cuales más de 500 se encuentran ubicados en las zonas afectadas. Sin embargo, el Gobierno solo autorizó el uso de 92 viviendas. Esto ha generado una gran frustración entre alcaldes, vecinos y organizaciones sociales, que veían en esta medida una solución viable y rápida ante la emergencia habitacional.
La polémica también se ha trasladado a los criterios con los que se ha elaborado el plan estatal de ayudas. En él, 28 municipios valencianos han sido excluidos sin razón técnica clara, a pesar de haber sufrido importantes daños durante la DANA. Municipios como Carcaixent, Chelva, Chulilla, Tuéjar, Benaguasil o Xeraco se encuentran entre los que no recibirán fondos estatales, lo que ha generado una fuerte indignación. En total, estas localidades suman más de 80.000 habitantes que se sienten abandonados por el Estado.
Estas decisiones han dejado un regusto amargo y la sensación de que hay un trato desigual hacia la Comunitat Valenciana. La Generalitat insiste en que los criterios usados no se han aplicado de forma transparente ni coherente, y exige que se reconsidere la exclusión de estos municipios.
Un esfuerzo desigual que pone en jaque la recuperación
La gran diferencia de capacidad presupuestaria entre el Estado y la Generalitat es uno de los factores que agravan esta situación. Mientras el Gobierno central maneja un presupuesto anual de 386.000 millones de euros, la administración valenciana cuenta con apenas 32.300 millones. A pesar de esta desigualdad, el esfuerzo inversor en la recuperación está recayendo casi exclusivamente sobre el gobierno autonómico.
Además, el Ejecutivo central ha rechazado activar un Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario, lo que ha supuesto una pérdida de 3.000 millones de euros en capacidad financiera para la Comunitat. También persisten retrasos en las entregas a cuenta del sistema de financiación, lo que se traduce en un recorte mensual de 200 millones que afecta directamente a la prestación de servicios públicos.
Este contexto ha provocado que las ayudas DANA rechazadas por el Gobierno estén generando un problema doble: por un lado, ralentizan la reconstrucción; por otro, dejan a la Generalitat sin margen de maniobra para atender nuevas necesidades. Desde el Consell se insiste en que no se puede exigir al gobierno autonómico que afronte en solitario las consecuencias de una catástrofe de esta magnitud. Por ello, reclaman más recursos, mayor flexibilidad en el uso de fondos europeos y medidas fiscales de alivio para familias, autónomos y empresas afectadas.
Una rectificación urgente: lo que exige la Generalitat
La Generalitat Valenciana ha pedido públicamente al Gobierno central una rectificación inmediata. No solo por una cuestión institucional, sino porque miles de familias necesitan respuestas reales, no promesas. Entre las exigencias prioritarias se encuentra la reactivación de las ayudas rechazadas, la inclusión de los municipios excluidos y la aprobación de nuevas partidas extraordinarias que permitan recuperar viviendas, escuelas, carreteras y centros sanitarios.
Además, se solicita que los fondos europeos puedan destinarse a paliar los efectos de la DANA sin tantas trabas burocráticas. En situaciones excepcionales, se necesitan respuestas excepcionales, y el marco europeo permite una cierta flexibilidad si hay voluntad política para aplicarla.
Desde el Consell se ha dejado claro que la reconstrucción de los municipios afectados no puede depender únicamente del presupuesto autonómico. La falta de acción estatal no solo dificulta la recuperación material, sino que envía un mensaje peligroso: que ante una emergencia climática de esta magnitud, las comunidades autónomas tendrán que apañárselas solas. Esta idea es, simplemente, inaceptable.
Conclusión: las ayudas DANA rechazadas Gobierno dejan un vacío inaceptable
Las ayudas DANA rechazadas por el Gobierno han marcado un antes y un después en la relación entre las administraciones. Frente a una catástrofe natural sin precedentes, la ciudadanía esperaba unidad, coordinación y respuestas rápidas. En cambio, ha encontrado obstáculos, trámites interminables y decisiones incomprensibles.
Cinco meses después de la DANA, los efectos siguen siendo visibles: carreteras cortadas, viviendas inhabitables, escuelas cerradas y familias sin acceso a ayudas. La Generalitat ha hecho su parte, pero el Estado no ha estado a la altura. Las consecuencias de esta omisión no son solo administrativas, sino humanas.
El futuro de la reconstrucción en la Comunitat Valenciana dependerá de si el Gobierno rectifica o mantiene su actual postura. Lo que está en juego no es solo la recuperación de infraestructuras, sino la confianza en las instituciones y la capacidad del país para responder unido ante situaciones de emergencia.
