La Unió ha denunciado que la Conselleria de Agricultura mantiene en un limbo administrativo a 430 jóvenes agricultores y ganaderos al no haber publicado todavía la resolución de las ayudas a la primera instalación, pese a haber superado ampliamente el plazo legal previsto. La organización agraria sostiene que esta demora no es un mero retraso burocrático, sino un obstáculo que paraliza proyectos de vida y compromete el relevo generacional en el campo valenciano.
Según explica La Unió, la convocatoria de estas ayudas se publicó el 7 de julio de 2025 y la Administración disponía de seis meses para resolver, por lo que el plazo máximo concluía el 7 de enero de 2026. Sin embargo, a 23 de abril, ya habrían transcurrido 106 días desde esa fecha sin que se haya hecho pública la resolución de los expedientes correspondientes a jóvenes agricultores y ganaderos.
La organización precisa que el pasado 30 de marzo sí se resolvieron y publicaron 109 expedientes de nuevos agricultores, pero no los relativos a jóvenes agricultores y ganaderos. A juicio de LA UNIÓ, esta diferencia ha dejado a los afectados en una situación de incertidumbre total en un momento clave para su planificación.
Un retraso que afecta a la PAC, arrendamientos y derechos
Según denuncia la entidad, la falta de resolución condiciona trámites esenciales para las explotaciones agrarias. Entre ellos, cita la gestión de las ayudas de la PAC, el acceso a los derechos de la reserva nacional o la formalización de arrendamientos de tierras incluidos en los planes empresariales de quienes esperan la resolución.
La Unió alerta además de que el calendario agrava el problema. El plazo de la PAC se cierra el 30 de abril, aunque se prevé una prórroga hasta el 15 de mayo, lo que podría hacer que muchos de estos jóvenes perdieran un año completo en su incorporación efectiva, con el consiguiente impacto económico y profesional.
El secretario general de La Unió, Carles Peris, asegura que «no estamos ante un simple retraso administrativo, sino de una situación que bloquea proyectos de vida y pone en riesgo real el relevo generacional en el campo valenciano».
La Unió exige que la Conselleria cumpla sus propios plazos
La organización agraria insiste en que el cumplimiento de los plazos no es una cuestión formal, sino una obligación básica de cualquier administración pública. En este sentido, sostiene que la exigencia que se aplica a los agricultores debería ser la misma para la Administración cuando tramita expedientes que resultan decisivos para el futuro de las explotaciones.
Además, recuerda que la propia convocatoria establece que la resolución, ya sea de concesión, denegación o desistimiento, debe publicarse en la sede electrónica de la Generalitat. Según denuncia La Unió, esa publicación no se ha producido y eso aumenta todavía más la indefensión de las personas solicitantes.
Peris remarca que «esto no es un problema individual ni tampoco político, es un problema estructural, colectivo y social. No resolver en plazo no tiene un efecto neutro, puesto que genera inseguridad jurídica, imposibilita planificar las explotaciones y provoca la pérdida de oportunidades en ayudas, inversiones y derechos vinculados a la PAC».
Desde la organización subrayan que no pretenden condicionar el contenido de las resoluciones, sino exigir que la Administración actúe en tiempo y forma. En palabras de Peris, «no pedimos que se concedan las ayudas sin criterio, sino que se resuelvan en tiempo y forma. Lo que no es admisible es que la inacción administrativa se convierta en un obstáculo para los jóvenes que quieren incorporarse en el campo».
La Unió concluye que el malestar entre los afectados es ya generalizado. La organización señala que, pese a los reiterados anuncios realizados por la Conselleria, la resolución sigue sin publicarse y el enfado crece entre los jóvenes que llevan meses esperando una respuesta definitiva.
