La Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV) reciben 2.960 de las becas concedidas por la Generalitat para financiar las tasas universitarias del curso 2025-2026. El importe destinado al alumnado de ambas instituciones asciende a 2.556.531,77 euros.
La Universitat de València encabeza la distribución autonómica con 1.725 ayudas por valor de 1.441.371,24 euros. Por su parte, la Universitat Politècnica de València recibe 1.235 becas, que representan una inversión de 1.115.160,53 euros.
La convocatoria de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades financia el importe de los créditos matriculados en primera y segunda matrícula en titulaciones oficiales de grado y máster. Para conceder las ayudas se valora tanto la renta familiar como el rendimiento académico del alumnado.
La consellera Carmen Ortí ha destacado que «la igualdad de oportunidades debe ir de la mano del esfuerzo. Con estas becas queremos reconocer el compromiso y el rendimiento académico del alumnado. Al mismo tiempo, favorecemos que el talento de nuestros jóvenes encuentre oportunidades para desarrollarse con independencia de su situación económica».
Ayudas para las universidades públicas y privadas
La convocatoria también beneficia a alumnado de varias universidades privadas. La Universidad Católica de Valencia recibe 221 ayudas por 231.370,36 euros; la Universidad Cardenal Herrera-CEU, 64 por 63.361,56 euros; la Universitat Internacional Valenciana, 29 por 34.690,49 euros, y la Universidad Europea de Valencia, 26 por 28.377,42 euros.
En el conjunto del Sistema Universitario Valenciano se han concedido 5.173 becas por un importe total de 4.462.246,43 euros. El número de beneficiarios aumenta un 17,3 % respecto al curso anterior, al pasar de 4.410 a 5.173 estudiantes.
El presupuesto crece cerca de un 18 %, desde los 3,78 millones de euros de la anterior convocatoria. Ahora llega hasta los 4,46 millones destinados al curso 2025-2026.
La Generalitat enmarca estas becas en sus políticas para favorecer la igualdad de oportunidades. Además, busca evitar que la situación económica impida al alumnado acceder a la educación superior o completar sus estudios universitarios.
