Pilar Bernabé admite errores clave en su gestión de la DANA ante la jueza
Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha reconocido bajo juramento fallos graves durante la gestión de la DANA del 29 de octubre. Su testimonio ante la jueza de Catarroja contradice directamente las afirmaciones públicas que ha mantenido durante meses.
Una de las revelaciones más impactantes fue su admisión de que no avisó directamente a los alcaldes del riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo, delegando esta tarea verbalmente en el presidente de la CHJ, Miguel Polo, sin comprobar su cumplimiento. Además, afirmó que ni ella ni el Cecopi fueron informados del desbordamiento, a pesar de que Emergencias activó la alerta hidrológica a las 12:20h.
También reconoció que no se trató el aumento de caudal del barranco en la reunión del Cecopi, lo que evidencia una grave desconexión entre administraciones. La CHJ centró su atención exclusivamente en la presa de Forata, dejando sin seguimiento la evolución de caudales que desembocó en la mayor tragedia del temporal.
La delegada se enteró del desbordamiento del Magro por los medios
Bernabé reveló que se enteró del desbordamiento del río Magro a través de la prensa, no por canales oficiales. A pesar de asegurar contacto continuo con Miguel Polo ese día, afirmó que este nunca le comunicó el riesgo del Magro. Emergencias había activado la alerta a las 11:40h, pero la delegada no tuvo conocimiento de las imágenes de Paiporta hasta las 19:05h, cuando ya había vecinos atrapados.
Durante su declaración, reconoció no haber leído el correo clave de la CHJ de las 18:43h que alertaba del caudal de 1.686 m³/s en el Poyo, ya desbordado en ese momento. Afirmó que su equipo no tenía capacidad para filtrar todos los correos en tiempo real, a pesar de ser la autoridad coordinadora de todas las agencias estatales.
Desconocimiento de protocolos y omisión de competencias
Bernabé admitió desconocer la Guía Operativa Estatal de Protección Civil de 2019, documento clave que establece sus funciones en caso de emergencia. También reconoció no haber movilizado todos los recursos disponibles del Estado, como la Policía Nacional de Alicante o policías locales de otras provincias.
A pesar de que le correspondía coordinar la actuación estatal, no tuvo comunicación fluida con el Gobierno central. No habló con el ministro del Interior hasta bien entrada la noche ni con otros altos cargos responsables de la emergencia. Tampoco propuso activar el nivel 3 de alerta ni convocó formalmente el comité de dirección del Cecopi, del que era codirectora.
Contradicciones con su relato público y fallos de coordinación
Durante meses, Bernabé sostuvo públicamente que la CHJ tenía «monitorizados todos los espacios», pero ante la jueza reconoció que la información clave nunca llegó al Cecopi. Además, sostuvo que no participó en la redacción del mensaje Es Alert, aunque sí propuso extenderlo a toda la provincia de Castellón.
Negó haber recibido información del 112, pese a que en marzo aseguró que las llamadas estaban visibles en una pantalla en el Cecopi. Sobre las víctimas, dijo que no tuvo constancia del número de fallecidos hasta las 5 de la madrugada, descartando versiones anteriores que afirmaban que se conocían horas antes.
Una gestión cuestionada desde dentro
La declaración de Pilar Bernabé desvela una gestión deficiente de la emergencia, marcada por la falta de comunicación, desconocimiento de protocolos clave, omisión de competencias y contradicciones flagrantes con su discurso público. La confianza en la gestión estatal de emergencias queda fuertemente cuestionada tras esta comparecencia judicial.
